Por: Aurelio Suárez Montoya
Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Congreso de Minería dan lugar a varias hipótesis. Si dentro de “los modelos económicos”, decrecer, por la vía de menores consumos de bienes, servicios y materiales, lleva a un equilibrio de “geopolítica global”. Si el mundo debe guiarse por los parámetros neoclásicos del desempeño económico y si con el crecimiento infinito sobreviene un caos de tipo malthusiano que extinguiría a la humanidad.
¿Cuál es la característica principal de la organización económica contemporánea? Es una fase superior del capitalismo, la del capital financiero, el monopolio surgido de la fusión entre el capital bancario y el industrial. No solo es fenómeno económico, sino asimismo una categoría política donde hay agudas contradicciones entre las naciones más poderosas y entre estas y las débiles.
La contradicción entre las potencias se libra por el reparto del mundo, el control físico de los recursos naturales y las fuentes de energía, la exportación rentable de sus capitales y la maximización de su tasa de ganancia mediante mecanismos como el endeudamiento de los países dependientes, la inversión directa o la especulativa. “El dinero va a donde puede salir” y la energía es dinero, cualquiera que sea la fuente, como explica el físico Jaime Hernández (Saqueo, págs. 768-770).
En el último siglo ocurrieron dos guerras mundiales y una Guerra Fría y se libran rapiñas por colocar gigantescos flujos financieros, ya que, bajo diversas formas, hay 9 dólares por cada uno que va a la producción. El solo crédito mundial, de hogares, empresas y Estados, suma 300 billones de dólares (IIF-2021).
En esas circunstancias ¿las potencias, se detendrán a las buenas para equilibrar la cancha de la oferta y la demanda? ¿Renunciará el 10 por ciento más rico, contrafuerte de la globalización, a cesar en parte del 52 por ciento de las emisiones de carbono –por su consumismo– al oír el enunciado de teorías inspiradas en otra racionalidad? (Oxfam). Pensar que pudiera suceder ipso facto es utopía o ingenuidad y es el desatino principal de la exhortación de la ministra Vélez.
Medir el bienestar de las sociedades por el crecimiento de los productos internos brutos (PIB) es parámetro de las instituciones financieras internacionales. Surgen propuestas alternas frente a tan incompleta cuantificación y algunos restan la huella ecológica o de carbono para el respectivo nivel de PIB; también se insta a introducir en las cuentas nacionales la contribución del trabajo femenino oculto en hogares o en el cuidado, o a descontar el patrimonio natural y los recursos no renovables que usufructúa el crecimiento. Piketty plantea una renta nacional al descontar, del crecimiento local, las ganancias giradas por los capitales foráneos a casas matrices o paraísos fiscales.
Por décadas se planteó el dilema entre crecimiento y desarrollo, con una visión que incluya factores sociales de una mejor distribución del ingreso, inclusión de género, disminución de pobreza, educación, salud, vivienda y seguridad social; es decir, que incorpore bienes humanos esenciales al cálculo del progreso. Hay un debate más que metodológico sobre la adopción de nuevos patrones: “No podremos construir una buena economía –o una buena sociedad– a menos que consideremos la vasta extensión existente más allá del mercado”, dice Ha-Joon Chang, economista de Cambridge.
¿Si, como enfatiza la economía ecológica, la extracción de materiales es más rápida que la capacidad de recarga, vendría el pandemonio? Es similar a la discusión de, si al aumentar la población, el mundo estallaría. Aunque el caos es propio del sistema preponderante, son el cambio tecnológico y el del modo de producción lo que en últimas acude a la supervivencia de la humanidad para impedir la muerte súbita que algunos vaticinan y hasta las guerras, inevitables en el actual sistema, que eliminan sobrantes.
Nicholas Georgescu-Roegen, economista rumano nacido en 1906, precursor de la bioeconomía, vinculó economía, termodinámica y biología, una concepción utilizable por la ministra Vélez y el Gobierno Petro, fuera de fútiles invocaciones, para aterrizar aquí y ahora en la contabilidad integral para el sector minero, que supere la “autorregulación” de las compañías, la simple relación beneficio-costo e igualmente el fallo del Consejo de Estado, que apenas atañe a bienes ambientales.
Deben precaverse las externalidades negativas sobre el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, como también sobre la salud, mental y física, el hábitat, el paisaje, el transporte y las vías regionales, la vocación de las economías nativas y el empleo y, en suma, sentar condiciones límites de una minería con licencia social. Pasar de la teoría a la política pública. Menos carreta, más hechos.
