EL CORONEL DEL EJÉRCITO COLOMBIANO ÁLVARO AMÓRTEGUI GALLEGO

El Teniente Coronel del Ejército colombiano Álvaro Amórtegui Gallego dijo este miércoles que cuando estuvo bajo el mando del general Mario Montoya supuestamente recibió la orden de matar a 17 civiles capturados en una operación para luego hacerlos pasar como supuestos guerrilleros muertos en combate.

El Teniente Coronel efectivo Alvaro Amortegui del Ejército colombiano, hace graves denuncias en este video para proteger su vida y la de su familia.

«La inteligencia del ejército se utiliza para intimidar a quienes no estamos de acuerdo.»@petrogustavo @CIDH @JMVivancoHRW


Así lo aseguró en una entrevista a Caracol Radio en la que también denunció robo de munición, uniformes y otros elementos del Ejército.

El alto oficial explicó que esa situación, con el general Montoya, ocurrió en 2001 cuando él regresó al país de la península del Sinaí, donde Colombia tiene militares en la misión de paz que hace parte de la Fuerza Multinacional y de Observadores (MFO).

«Yo llego del Sinaí en 2001. En la primera operación que yo hago capturo a 17 tipos en una casa. Él (Montoya) me llama al celular y me dice ya le mando los brazaletes y le digo aquí no me mandan brazaletes, aquí no me mandan a nadie. Esos manes (hombres) yo los capturé vivos y vivos se quedan», relató Amórtegui a Caracol Radio.

Ante la gravedad de las afirmaciones del militar los reporteros le pidieron explicar lo sucedido con el general Montoya, que fue comandante del Ejército colombiano entre 2006 y 2008, y las acciones que le había pedido realizar con los detenidos.

«Pues me mandaba los brazaletes de las FARC. Porque es que (los 17 capturados) no eran de las FARC, o sea eran paramilitares», detalló el coronel Amórtegui a la emisora.

Estas afirmaciones del militar coinciden con las exhumaciones de 10 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas un niño de entre 7 y 10 años, en fosas comunes en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en el departamento Antioquia, al noreste del país suramericano, donde habría unos 50 cuerpos, según información que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

«Quería que los matara»

Amórtegui afirmó en la entrevista que no recibió la orden directa de Montoya de asesinar a los detenidos pero que se sobreentendía que quería que los ejecutara y les pusiera los brazaletes usados en el antebrazo por los miembros de las extintas FARC como manera de identificación del grupo irregular.

«Él me llama al celular y me dice: ‘Ya le mando los brazaletes’. Y le digo: ‘No, no. Aquí no me mandan brazaletes, no me mandan a nadie. Esos manes (hombres) los capturé vivos, y vivos se quedan», relató a la emisora radial.

Los periodistas insistieron para que Amórtegui dijera qué le estaba pidiendo el general Montoya, a lo que respondió: «Que los matara, que más quiere, que más me estaba indicando».

MONTOYA ANTE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Hace ocho días el general retirado Montoya, que fue comandante del Ejército de Colombia durante los años más duros de los llamados «falsos positivos», declaró por primera vez ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), comparecencia calificada por las víctimas como «una burla» por su falta de respuestas.

Montoya, que dirigió el Ejército entre 2006 y 2008, durante la Presidencia de Álvaro Uribe, es el militar de más alto rango que rinde su versión ante este tribunal por las ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

Sobre la diligencia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas de crímenes de Estado en el país, consideró que la comparecencia de Montoya fue «una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado».

Los llamados «falsos positivos» eran una práctica en la que militares engañaban a jóvenes pobres, incluso discapacitados, con promesas de empleo para luego llevarlos a lugares del país distintos a los de su residencia donde eran ejecutados y presentados como guerrilleros para con ello obtener beneficios de sus superiores.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de estos casos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.