De acuerdo al movimiento político, con el asesinato de Triana ya son 247 los desmovilizados asesinados desde noviembre de 2016, año en que el Estado colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el acuerdo de paz.
A propósito de estos asesinatos, el Gobierno aseguró el pasado 25 de noviembre que ha actuado “con diligencia” para proteger a los exguerrilleros de las FARC-EP que dejaron las armas.
La posición de las autoridades fue fijada en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a altos funcionarios y al partido sobre la violencia contra los firmantes.
En esa diligencia judicial, el partido FARC insistió en que hay un “genocidio” contra sus militantes y acusó a la administración del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener “el desangre” que los afecta.
En julio pasado, la JEP ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros del grupo armado.
A finales de octubre, excombatientes de todas las regiones del país comenzaron una peregrinación a Bogotá “Por la paz y por la vida”, en rechazo a los asesinatos de sus compañeros. Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con Duque, que los excombatientes calificaron de “alentadora”.
