Buenas noches. Comenzamos la semana con la noticia de la publicación deuna investigación realizada por las Naciones Unidas que concluyó que durante las protestas en el marco del Paro Nacional de 2020 hubo graves sucesos de abuso policial y uso desmedido de la fuerza para conjurar las protestas sociales. Un anuncio clave en un momento en el que escasean las pesquisas contra los uniformados que dispararon de manera indiscriminado.
¿Qué concluyó la investigación? Que la policía colombiana reprimió con ‘violencia desproporcionada’ a los jóvenes que protestaron en Bogotá en septiembre de 2020 y terminó causando una ‘masacre’ con 14 fallecidos.
‘La policía nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares (…) Es decir, los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad, creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tendría consecuencia alguna’, dijo Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación financiada y apoyada ‘metodológicamente’ por Naciones Unidas.
Pero vale la pena recordar lo que pasó el 9 y 10 de septiembre de 2020. Ese día, en el marco del Paro Nacional, multitudes con piedras, palos y bombas incendiarias se volcaron hacia los CAI de la policía en Bogotá y Soacha, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos uniformados que lo sometieron a un brutal castigo que quedó grabado en celulares.
Ordóñez fue rematado en una sede policial y uno de los asesinos recibió una condena de 20 años de prisión.
Durante las ‘noches de terror’ que siguieron a su muerte, la policía ‘reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad’ y ‘su actuación causó una masacre’, expresó Carlos Negret conmovido durante la exposición del informe.
Catorce personas murieron violentamente, ‘once’ de la cuales, entre ellas Ordóñez, fallecieron a causa del ‘uso ilícito de la fuerza’ de efectivos policiales.
También resultaron heridos 300 civiles y 216 uniformados, así como 76 puestos policiales fueron destruidos. Los investigadores encontraron también evidencias de ‘violencia’ contra los agentes oficiales.
El perfil de los muertos dejó ver una ‘criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública’, dice el informe: ninguno tenía formación profesional, eran trabajadores informales con ingresos menores al salario mínimo (13 casos) y tenían entre 17 y 27 años (10).
Negret concluyó también que la ‘subordinación de la policía a las autoridades civiles es una ficción constitucional’, pues no obedecen a alcaldes ni gobernadores.
