Lo promocionaron como el principio
del fin del presidente Nicolás Maduro. Con el apoyo de mandatarios extranjeros
y ante la mirada del mundo entero, activistas de oposición se congregaron en
Colombia en febrero de 2019 con la intención de enviar a Venezuela toneladas de
provisiones que llegaron a bordo de aviones de carga militares de Estados
Unidos.
En vez de eso, fuerzas de seguridad leales al mandatario venezolano impidieron
que el convoy humanitario cruzara la frontera. Ese fue el primero de varios errores de cálculo
del gobierno del entonces presidente Donald Trump en su política para
Venezuela.
Más de dos años después, la arriesgada táctica está siendo cuestionada por un
organismo supervisor del gobierno estadounidense. Un nuevo informe del
inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) plantea dudas sobre si el envío
de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio
de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la mejor
manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían.
Las conclusiones fueron publicadas el 16 de abril pero no habían sido
reportadas anteriormente.
El reporte se enfoca en los frenéticos meses después de que el líder de la
oposición Juan Guaidó se alzó para desafiar el mandato de Maduro, ganándose
rápidamente el reconocimiento como «presidente interino» de Venezuela
por Estados Unidos y docenas de aliados.
Como parte de ese esfuerzo, la USAID gastó 2 millones de dólares entre enero y
abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la
isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela.
Bajo las órdenes de Guaidó, se suponía que las provisiones serían distribuidas
en Venezuela en desafío a Maduro, quien calificó el plan como un intento
encubierto de golpe de Estado.
Pero cuando una caravana organizada por la oposición que trató
de ingresar a territorio venezolano fue bloqueada en la frontera, al menos un camión se incendió, perdiendo provisiones
provistas por Estados Unidos y valuadas en 34.000 dólares.
En los meses siguientes, cuando se perdía la atención mediática y se desvanecía
la lucha de Guaidó por derrocar a Maduro, Estados Unidos modificó discretamente
la ayuda.
Al final, sólo ocho toneladas lograron llegar a Venezuela, y las 360 toneladas
restantes fueron distribuidas en Colombia y enviadas a Somalia, de acuerdo con
el informe.
El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos respondió en
parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión sobre Maduro en
vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la necesitaban.
Por ejemplo, las provisiones fueron enviadas innecesariamente en enormes
aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea en lugar de opciones comerciales más
económicas que estaban disponibles, subrayó el reporte.
Alimentos listos para su consumo para combatir la desnutrición infantil también
fueron enviados pese a que los propios expertos de la USAID habían determinado
que la condición nutricional de los niños en Venezuela no ameritaba su uso en
ese entonces, dijeron los investigadores.
Para impulsar a Guaidó, la USAID —creyendo que Maduro se había apropiado de las
agencias de Naciones Unidas— recortó el financiamiento de la ONU pese a que
algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura
dentro de Venezuela para distribuir las provisiones.
Un organismo venezolano sin fines de lucro, que el reporte no identifica por su
nombre, recibió fondos con base parcialmente en su alineación con la política
exterior de Estados Unidos a pesar de que había dudas de su capacidad para
cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia.
La “directriz de estacionar productos humanitarios no se condujo con pericia
técnica ni se alineaba con los principios humanitarios de neutralidad,
independencia y estar basada en la evaluación de las necesidades”, se lee en el
reporte.
Si bien los trabajadores de ayuda internacional en ese momento hicieron
advertencias similares sobre los riesgos de que la ayuda estuviera politizada
—el convoy de ayuda de Colombia fue precedido por el concierto de “Música por
Venezuela: Ayuda y Libertad” organizado por el multimillonario Richard Branson—
, las conclusiones de una agencia de Estados Unidos asignada a realizar una
auditoría a la manera como se gastó el dinero de los contribuyentes
estadounidenses conllevan un peso adicional.
El informe, cuya elaboración requirió cerca de dos años, fue preparado para
abordar los desafíos y los “riesgos de fraude” en la respuesta de la USAID a la
crisis venezolana. Contiene seis recomendaciones para mejorar la coordinación
dentro de la agencia —el vehículo principal para la ayuda de Estados Unidos en
el extranjero— y reforzar los controles para evitar la politización de las
medidas humanitarias.
Un portavoz de la USAID dijo que la agencia recibía de buena manera las
conclusiones del informe, que está implementando, y todos los esfuerzos para
mejorar la efectividad de las labores de la USAID, en especial en escenarios
desafiantes.
Muchas de las decisiones fueron tomadas por la oficina del entonces
administrador de la USAID, Mark Green, de acuerdo con el reporte.
“La dirección verbal no estableció una responsabilidad clara ni ofreció una
justificación para la toma de decisiones”, señaló el reporte.
Un exfuncionario del gobierno de Trump refutó algunas de las conclusiones del
reporte, sosteniendo que la decisión de enviar las provisiones en aviones
militares fue tomada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado pese a las
objeciones de la USAID.
El exfuncionario pidió mantener el anonimato a condición de hablar sobre la
toma de decisiones interna.
Green, en un comunicado, se dijo orgulloso del trabajo de la USAID en la ayuda
a los venezolanos que la necesitaban con urgencia, con el apoyo bipartidista
del Congreso estadounidense.
“La crisis venezolana es una de las mayores crisis humanitarias en el mundo
bajo las condiciones más difíciles, en la que el régimen ilegítimo de Maduro
continúa poniendo obstáculos que impiden que el pueblo venezolano cubra sus
necesidades básicas”, afirmó Green, quien actualmente es presidente del Centro
Woodrow Wilson, un centro de estudios no partidista con sede en Washington. “La
crisis venezolana es una fuerza desestabilizadora que impacta a la región
entera y aún se requiere la ayuda para salvar vidas”.
Cualesquiera que fuesen los errores cometidos, las medidas del gobierno de
Trump, junto con el colapso económico de Venezuela, fueron clave para lograr
que otros gobiernos y grupos de ayuda humanitaria se enfocaran en los problemas
del país sudamericano.
Poco después del fracaso de la caravana de Guaidó para la entrega de las
provisiones, la USAID empezó a trabajar tras bambalinas con agencias de
Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones
para llevar ayuda a Venezuela, donde tales artículos suelen ser distribuidos en
hospitales del gobierno y agencias controladas por Maduro.
Tales esfuerzos han continuado bajo el gobierno del presidente Joe Biden y
recientemente recibieron el anuncio de que el Programa Mundial de Alimentos
iniciaría en breve la distribución de comidas para 1,5 millones de niños
venezolanos en un momento en que el hambre aumenta en la nación.
Más de 5,1 millones de venezolanos han huido de su país desde 2014, algunos de
ellos a pie, para escapar de la hiperinflación, la escasez generalizada de
artículos básicos y un sistema de atención médica deficiente.
Desde 2017, Estados Unidos ha entregado más de 500 millones de dólares en ayuda
humanitaria y de desarrollo para responder a la crisis humanitaria, en su
mayoría en países como Colombia, Perú y Brasil, que han recibido a la mayor
cantidad de migrantes venezolanos.