Con el decálogo #ApoyoLaEmpresaNacional, la Andi -en cabeza de Bruce MacMaster- recoge e impulsa ideas sensatas que durante décadas se han esgrimido en “respaldo a la empresa ubicada en territorio nacional” y al “empleo nacional”, como dice el gremio. En efecto, no es ningún misterio que en los últimos treinta años “Colombia se ha afiliado con la doctrina de apertura comercial, olvidando casi completamente las políticas de desarrollo empresarial y desarrollo industrial”, citando a la Andi.
“Es la oportunidad para corregir el rumbo”, por medio de, entre otras propuestas, “programas de compras públicas” que propicien “la adquisición de productos nacionales”, así como el establecimiento de una campaña “Compra lo Nuestro”. También, la Andi llama la atención sobre el “comercio desleal”, provocado por “el dumping, el contrabando, la subfacturación y el ingreso de productos con componentes subsidiados”, como “uno de los mayores enemigos del empleo nacional”, concluyen.
Caben dos ideas antagónicas frente al decálogo: que se enloquecieron, lo que con seguridad estarán comentando las sectas del libre mercado, el ‘anarcocapitalismo’ y el minarquismo, tan arraigadas en algunas facultades de economía y tanques de pensamiento. O, que es el camino lógico a seguir por quienes consideramos que el futuro colombiano debe construirse sobre los pilares del crecimiento económico -liderado por la industria- y un sistema tributario y de gasto público orientado a reducir la desigualdad.
En verdad no hay nada de insensato en esta última interpretación. Son abundantes los ejemplos de países que han implementado medidas económicas en esa dirección. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo recientemente que “la crisis financiera mundial demostró que, en general, en los países donde las pérdidas de producción fueron más significativas respecto a las tendencias anteriores a la crisis se registró un mayor incremento de la desigualdad”. Habiendo aprendido de esto, según Georgieva, “las autoridades económicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para promover una recuperación más inclusiva”, aumentando “la inversión pública en los servicios de salud para proteger a los más vulnerables”, invertir recursos públicos en “infraestructuras climáticamente inteligentes”, “elevar las tasas impositivas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas” y “mejorar la calidad de la educación y el acceso al aprendizaje y la capacitación para adquirir nuevas habilidades a lo largo de toda la vida”.
A estas alturas está claro que la única posibilidad de reactivación está en que el gobierno estimule y proteja la producción nacional, así como el nivel de ingresos de la población derivado del mismo. Al respecto, Joseph Stiglitz afirma que “es evidente que el crédito bancario por sí solo no nos sacará de este atasco económico”, pues se ha presentado un exceso de liquidez con excedentes de depósitos en las entidades de crédito, que ha desalentado el consumo y la inversión, por lo que no es suficiente un estímulo a la demanda, sino también a la oferta. En consecuencia, “el único que puede romper este círculo vicioso es el Estado”, dice el nobel de economía.
Las alternativas se presentan para gustos variados, pero todas ligadas a la producción y el empleo, a la reorientación de la globalización para corregir los daños causados, a la educación como elemento esencial y a la transición energética.
Un análisis realizado por el Grupo Proindustria, muestra que la reactivación de países como Corea, China, Japón, Alemania y Francia, está muy relacionada con el apoyo estatal a la industria manufacturera, especialmente al sector automotor. Algunos planes consisten en subsidios públicos a la compra de vehículos de ‘energía nueva’. En China se ofrecen entre USD 700 y USD 1000 en bonos por persona, e involucra también la construcción de nuevas infraestructuras e instalaciones para carga e intercambio de baterías. En Alemania, bonos de 3.000 euros por la compra de vehículos de baja emisión. Y en Francia, el gobierno dispuso 8.000 millones de euros para convertir al país en el principal fabricante de vehículos limpios.
Como el problema no es solamente de buenas ideas sino de dirección, a las propuestas de la Andi y a las experiencias globales de reactivación les falta tener autoridades económicas que las escuchen, las entiendan y estén dispuestas a implementarlas. En la tarea es fundamental contar con la participación de gremios, sindicatos, academia y sectores políticos que tiene un consenso en el tema. Ya sabemos quiénes somos, así que debemos trabajar unificadamente.
