Enrique Rodriguez Vargas **
El Consejo de Estado el pasado 11 de Septiembre, luego de largos meses de estudio de las demandas sobre la utilización del “ fracking”(1) en Colombia para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (YNC), determinò su suspensión invocando el principio de “precaución” por la falta de experiencia del país en la aplicación de esta técnica. Sin embargo, ocho días después, aclara que “no se impide la realización de proyectos integrales de investigación (PPII-piloto-)”, pruebas que fueron recomendadas en el informe de la Comisiòn de Expertos que había solicitado el Gobierno.
Las reacciones y posiciones en favor o en contra de la sentencia y, por supuesto, de su aclaración, no se han hecho esperar y reflejan la gran complejidad de intereses que ha suscitado esta técnica, matizados màs por la influencia politiquera y populista antes que por el rigor tècnico, mezclados igualmente por nuestro tradicional leguleyismo y aupados por las extremas corrientes ambientalistas, que confirman el clima de polarización irracional, cargado de odios, al que ha llegado el país ante el análisis de proyectos, programas o políticas que se quieren implantar en la búsqueda de un mayor desarrollo y bienestar.
Preocupa entonces los alcances de la sentencia – no definitiva-, ya que a màs de crear una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en la industria de los hidrocarburos, conlleva múltiples implicaciones de caràcter económico, social y enèrgetico y estimula la manipulación de las comunidades cercanas a esta clase de proyectos.
Colombia a pesar de cumplir su industria petrolera cien años de actividad desde el descubrimiento del pozo infantas en 1918 y tener amplia experiencia en la exploración y explotación de yacimientos convencionales de importancia como Caño Limòn, Cusiana y Cupiaga y en menor grado Rubiales, que le devolvieron su autoabastecimiento, no ha tenido en las últimas tres décadas hallazgos de la magnitud de los anteriores, acudiendo entonces a la recuperación secundaria y terciaria y a descubrimientos menores para incrementar paulatinamente sus reservas.
En estas condiciones, el país se arriesga a perder su autosuficiencia ante la evidente disminución de sus reservas de petróleo y de gas natural, lo que significa volver a depender de los mercados externos, tal como sucedió en 1975.
De acuerdo con la ANH, a fines del 2017 se registraron reservas probadas de petróleo de 1.723 millones de barriles y de mantenerse el ritmo actual de producción (854 mil barriles-dìa), su disponibilidad sería de tan solo 5.3 años. Por su parte, el gas natural con la declinación de sus yacimientos màs importantes en la Guajira (Chuchupa y Ballenas), igualmente tendría una utilización para sòlo 9 años.
Pero esta realidad cobra gran importancia para el devenir económico del país, dado el fuerte protagonismo de esta industria al contribuir con el 20% de los ingresos públicos y generar el 40% de las divisas, que ciertamente ha permitido el financiamiento, en gran medida, de programas de alto contenido social y el desarrollo regional a través de las regalìas.
Esta industria ha sido tan determinante para el manejo de la hacienda pública, al punto de causar un quiebre económico de grandes proporciones con la caída de los precios internacionales del petróleo en 2015 y provocar un déficit fiscal superior a los $22 billones, que aùn impacta en la composiciòn presupuestal de la nación, tal como se evidencia en el proyecto para el 2020, al reducir el pago de la deuda para ajustarse a las reales disponibilidades financieras.
Nuestra estructura productiva de vocación tradicionalmente agropecuaria y por, supuesto, la industria con su nivel de diversificación y desarrollo, hasta hoy no ofrecen alternativas capaces de disminuir la dependencia económica de la industria extractiva. Aùn mas, el mismo Plan de Desarrollo pese a impulsar la denominada “economía naranja” con sus prometedoras perspectivas, no se acerca a aportar los recursos que se espera pueda generar la actividad de los hidrocarburos en el mediano y largo plazo.
De ahì que aunque el Plan pretende como gran objetivo nacional dar un equilibrio a nuestra tradicional estructura productiva, no será fàcil soslayar la importancia que tiene el potencial de nuestros recursos energéticos, asì Colombia sea considerado como un país no petrolero.
Las perspectivas : De acuerdo con estudios realizados por la UPME( 2) en los que se analizan diferentes escenarios para un horizonte de 20 años y se plantean varias hipótesis sobre el comportamiento de la economía, de los precios internacionales del petróleo y de la posible operación del sistema de abastecimiento de combustibles, indican que de no incrementarse las reservas y seguir la actual actividad de producción, a partir de 2025 se tendría que importar petróleo en forma sostenida para atender las necesidades de “carga” de la refinería de Barranca( capacidad de 250.000 B/dìa) y en el 2027 para la de Cartagena (capacidad de 165,000 B/dìa)
Como escenario alternativo de corte màs optimista, se considera que para garantizar la autosuficiencia, sería preciso aumentar progresivamente las reservas de petròleo (hasta llegar a 4.100 millones de barriles) como resultado de un incremento de la producción de los convencionales via crudo incremental, la iniciación de la producción “offshore” y la de los yacimientos no convencionales YNC, “fracking” ( con reservas potenciales entre 500 y 1.200 millones B/dìa); que permitirìa continuar respaldando el abastecimiento de combustibles, garantizar la operación eficiente de las refinerías y aumentar las exportaciones de crudo y el comercio externo de derivados. Por supuesto, se darìa por descontado su efecto positivo en la economía nacional.
Otros estudios de firmas especializadas calculan un potencial de 2.400 millones de barriles de YNC en el magdalena medio y Ecopetrol por su parte, estima que de desarrollasen esta clase de yacimientos, los municipios recibirían cerca de US$ 1.000 millones adicionales de regalìas. ( 3,).
La Comisión de Expertos considera igualmente un potencial entre 2.000 a 8.000 millones de barriles en el magdalena medio y de 7 terapies cúbicos de gas. Desde luego, el comportamiento de los precios internacionales serìa un gran condicionante para hacer viable la utilización del “ fracking “, estimados entre US$ 65 y 75 por barril , rango que podrá variar de acuerdo con “las características de las formaciones geológicas, la clase de reservorios y demás aspectos implícitos en la aplicación de esta técnica de fractura hidráulica” (4).
Por el lado del gas natural cuya masificación hoy llega a màs de 8 millones de usuarios y contribuye con el 33% del consumo para la generación térmica, la UPME estima que para atender la demanda en caso de continuar la disminución de sus reservas ( Guajira màs Cusiana y Cupiagua) se tendría que construir una nueva Planta de Regasificaciòn en la Costa Pacìfica para cubrir los mercados del occidente y reforzar los del centro del paìs mediante la interconexión de la red de gasoductos. En la actualidad opera la Planta de regasificación en Cartagena que importa gas para alimentar bàsicamente las plantas térmicas.
Con estas perspectivas,el actual Plan de Desarrollo ha propuesto asegurar la autosuficiencia en materia de hidrocarburos mediante el impulso de la exploración costa fuera ( offshore) asì como la de los recursos no convencionales aplicando el “francking” en proyectos “piloto” para evaluar sus posibilidades técnicas, sus efectos ambientales y ecológicos y sus repercusiones económicas y sociales.
Aunque el Plan no se compromete con señalar metas de reservas y producción de petróleo y gas, si fija las de la actividad exploratoria al pasar de 46 a 207 pozos y de 1.107 Km a 6.900 Km en sísmica durante el pròximo cuatrienio. No indica claramente las acciones que se deben adelantar para seguir impulsando el desarrollo de los yacimientos convencionales cuyo potencial y alternativa de aprovechamiento son la base de nuestro abastecimiento y autarquía petrolera(5).
Ahora bien con la aclaratoria de la sentencia del Consejo de Estado, se “entreabre la puerta” para proseguir con el otorgamiento de permisos de los denominados “proyectos piloto”, suspendidos en el segundo semestre del pasado año y sugeridos por la Comisiòn de Expertos.
Los retos y desafíos : Reiniciar este proceso se convierte indudablemente en un verdadero reto gubernamental en el que se pondrá a prueba su capacidad Institucional, regulatoria, de comunicación, control y supervisión, para dar una respuesta convincente, no sòlo a potenciales inversionistas sino fundamentalmente, a las comunidades que tienen gran desconfianza por los problemas ambientales, sociales y econòmicos causados por esta industria y, que en cierta medida, han dado pie para generalizar las “consultas populares”, manipuladas en la mayoría de los casos.
Lamentablemente el Estado sigue creyendo que la autoregulaciòn empresarial serà garantía para alcanzar la sostenibilidad esperada de esta industria, e infortunadamente, sus avances tecnológicos y proyección internacional, han sido asimilados tardíamente por nuestras instituciones ( ANH, ANLA, MME, MMA etc ), rebasando su capacidad de reacción y prevención oportuna frente a los problemas presentados como derrames, errores en el proceso de sellamiento de pozos etc, que haría necesaria una reingeniería afondo de estas entidades, no contemplada en el Plan de Desarrollo.
Si bien es cierto que se ha trabajado para tener un conjunto de normas y regulaciones para aplicar el “fracking” en el país e incluso se han consultado experiencias como las de Estados Unidos y Argentina, líderes en la aplicación de esta técnica en la región, el gran interrogante será : ¿Con el actual entramado institucional se podrá alcanzar la adecuada coordinación que exige el desarrollo y la oportuna supervisiòn de los YNC en Colombia?
Despejarlo será el gran desafío gubernamental que junto con la definición de una política petrolera sin presiones ni desespero, garantice la estabilidad y seguridad jurídica dentro de un marco de beneficios y retribuciones económicas y sociales compatibles con las metas de desarrollo del país y especialmente de las regiones y comunidades, en forma tal que se garantice la preservación y sostenibilidad ambiental.
La autosuficiencia petrolera en Colombia no se debe alcanzar a cualquier precio y menos asumiendo costos ambientales de alcances insospechados por la falta de una presencia y control estatal riguroso. Por ello lo deseable serà adelantar campañas de divulgación pragmáticas y pedagògicas con las comunidades en las que se precise el costo-beneficio-econòmico y social del “fracking” y su repercusión frente al plan de ordenamiento de las cuencas hidrográficas e, igualmente, implantar “ la licencia social” que con buen juicio propone la Comisiòn de expertos.
Se ha dado un paso para reactivar la actividad exploratoria, pero la verdad es que el futuro del “fracking” en Colombia seguirà dependiendo de la decisiòn definitiva del Consejo de Estado, que en la medida en que se aplace, darà espacio a presiones de politiqueros en campaña, de furibundos ambientalistas y de tradicionales populistas.
No hay duda que la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales responsables de su implementación, será igualmente pieza fundamental para hacerlo una realidad. Mientras tanto, el reloj del autoabastecimiento no se detiene.
**Expresidente de ACOGAS, Asesor y Consultor de OLADE, Director de Relaciones Institucionales de GAS NATURAL S.A, Jefe de Divisiòn de Recursos del DNP y Jefe de Planeación del MME.
- “Perforaciòn de pozos a gran profundidad con el fin de fracturar rocas porosas que alojan gas o petróleo, mediante la inyección de agua y aplicación de una mezcla de químicos” US. Energy Information Administration –EIA
- Plan de abastecimiento de combustibles líquidos – UPME-Marzo 2019.
- Hidrocarburos-Vicepresidencia de desarrollo de Ecopetrol. El Tiempo septiembre 2018
- Riesgos de la explotaciòn de los hidrocarburos no convencionales en Amèrica Latina y el Caribe- OLADE- Oficina de Asuntos Exteriores del Canadà- 2015
- El Plan de Desarrollo 2018-2022: Electricidad y Recursos Energèticos . Enrique Rodriguez V. Febrero 2019.
ANH-Agencia Nacional de Hidrocarburos, MME-Ministerio de Minas y Energìa, MMA-Ministerio del Medio Ambiente, ANLA –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, OLADE – Organizaciòn Latinoamericana de Energìa, UPME-Unidad de Planeaciòn Minero Energètica.
