Organizaciones sociales y políticas opositoras
reinician hoy protestas antigubernamentales en diversas regiones peruanas, en
demanda de prontas elecciones adelantadas, entre otros reclamos.
La jornada fue precedida con llamados de ambas partes a que las movilizaciones
sean pacíficas y a evitar pérdidas de vidas como las 26 registradas en la
primera oleada, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro
Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte, el 7 de diciembre pasado.
Parte de las preocupaciones por la posibilidad de más muertes se originan en el
anuncio oficial de que las Fuerzas Armadas y la Policía enviaron tropas a los
territorios de mayor conflictividad.
Las informaciones de días anteriores indican que las protestas tendrán más
intensidad en el sur del país, como ocurrió el mes pasado, aunque se prevé
también paros y manifestaciones en otras partes del país.
En Lima, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a sus
bases capitalinas a una marcha para esta tarde, en solidaridad con las regiones
del sur, que apuntan a una huelga general.
La CGTP integra la Asamblea Nacional de los Pueblos, que apoya las
demostraciones, y su secretario general, Gerónimo López, dio su respaldo a las
demandas de prontas elecciones, renuncia de Boluarte, cambio de la mesa
directiva del Congreso, de la que emerja un presidente transitorio imparcial, y
un referendo que defina si el pueblo quiere o no una asamblea constituyente.
Advirtió que la presidenta “debe comprender la magnitud de sus decisiones y el
asesinato de nuestros hermanos por la represión de su gobierno es una
responsabilidad que deberá asumir junto a sus ministros y funcionarios
involucrados” y debe detener el derramamiento de sangre. Por su parte, la
Coordinadora de Organizaciones Políticas de Izquierda y Progresistas (COIP),
confirmó su participación en las protestas y llamó a rechazar cualquier
provocación y a “cuidar la vida de nuestros ciudadanos y evitar la destrucción
de la propiedad pública y privada”.
De otro lado, la presidenta Boluarte, en un discurso en la ceremonia de
instalación del nuevo presidente del Poder Judicial, reconoció ayer una deuda
de justicia rápida “con las familias de los compatriotas fallecidos durante las
protestas”, aunque reiteradamente ha negado ser responsable de las muertes.
La mandataria ratificó su propuesta de diálogo con todos los sectores para
atender las demandas de la población con proyectos sociales y económicas, pero
no acepta tratar los reclamos de fondo, de carácter político.