Diego Otero Prada
Presidente Asociación Colombiana de ECONOMÍA Crítica-ACECRI y Vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas-ACCE
El problema de las tarifas
Los precios de los servicios públicos son una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en todo el mundo. Colombia no es la excepción. Siempre ha habido quejas sobre el valor de las tarifas, especialmente en la costa Atlántica.
En un artículo publicado en Razón Pública y en otras publicaciones he mostrado que las tarifas eléctricas de Colombia son altas según las comparaciones internacionales.
Estratos y subsidios
Para aliviar el costo del servicio a los hogares de menores ingresos, la Ley de Servicios Públicos estableció la estratificación de los hogares del 1 al 6 y determinó subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de energía eléctrica y acueducto.
Según esta disposición, al estrato 1 se le subsidia el 60 % de la tarifa, al estrato 2 el 50 % y al estrato 3 el 15 %. La diferencia entre el costo real para las empresas distribuidoras y el cobro a los usuarios debe pagarla el Gobierno nacional, después de descontar la contribución adicional del 20 % que pagan los estratos 5 y 6.
Con el tiempo se estableció que los subsidios cubrirían únicamente el consumo de subsistencia. Así, en las zonas situadas a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar se subsidian los primeros 130 kilovatios-hora mensuales y en las de menor altitud, los primeros 173 kilovatios-hora.
Una obligación legal
La Constitución, en su artículo 365, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. El artículo 367 dispone que el régimen tarifario tendrá en cuenta criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos, y el artículo 368 autoriza a las entidades públicas a conceder subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar los servicios públicos domiciliarios.
Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este marco para los servicios públicos y el sector eléctrico, respectivamente, y establecieron las reglas para la aplicación de subsidios y contribuciones.
Esto significa que, si el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere acabar con la actual política de subsidios eléctricos, tendrá que modificar la legislación. Considero que esto sería políticamente imposible y podría provocar protestas de millones de colombianos.
La estratificación también ha suscitado discusiones, porque es necesario evitar que reciban subsidios hogares de ingresos altos que residen en viviendas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3.
La opción tarifaria
Durante el gobierno de Iván Duque, a raíz de la pandemia, se creó la opción tarifaria para aliviar temporalmente los pagos de los usuarios. Este mecanismo permitió a las empresas cobrar tarifas inferiores al costo real del servicio y aplazar la recuperación de la diferencia.
La diferencia entre el costo unitario y lo cobrado se acumuló como un saldo a favor de las empresas, que los usuarios debían pagar en facturas posteriores. Sin embargo, estos pagos no se recuperaron en su totalidad y quedó una deuda que hoy se estima en cerca de 1,8 billones de pesos.
La opción tarifaria fue reglamentada mediante la Resolución CREG 012 de 2020 y se aplicó hasta abril de 2022.
Un sector endeudado
Para complicar la situación, el Gobierno nacional tiene pendiente para 2026 el pago de un billón de pesos por concepto de subsidios de energía eléctrica. Por otra parte, Air-e, empresa distribuidora de la costa Caribe, adeuda 3,6 billones de pesos a las empresas generadoras por compras de energía.
Esta situación amenaza las finanzas de las generadoras y podría ocasionar restricciones en el suministro a las distribuidoras que incumplan sus obligaciones, con el consiguiente riesgo de cortes de electricidad.
A lo anterior se suman 1,5 billones de pesos que las entidades públicas adeudan a las empresas del sector. En total, a julio de 2026 las obligaciones pendientes alcanzaban los 7,9 billones de pesos.
El gobierno de Gustavo Petro intentó resolver parte de estos compromisos mediante una segunda reforma tributaria y dos propuestas de financiación del presupuesto nacional. El Congreso rechazó estas iniciativas y el problema quedó pendiente.
Foto: Reunión Ministra de Minas y Energía y Abelardo de la Espriella
Las promesas de Abelardo
El gobierno de Abelardo de la Espriella encontró problemas que no había considerado suficientemente, en parte por la ausencia de un empalme con el gobierno de Gustavo Petro.
Su programa económico de campaña incluía promesas difíciles de conciliar: reducir el déficit fiscal al 3 % del PIB y, simultáneamente, disminuir los impuestos a las empresas, conceder subsidios de vivienda, aumentar la Fuerza Pública y construir siete megacárceles.
El déficit fiscal de 2026 podría superar el 6 % del PIB y el presupuesto de 2027 aprobado por el Congreso contempla un déficit estimado del 9,2 %. El Gobierno enfrenta así una situación fiscal muy difícil. Si acude al Fondo Monetario Internacional, podría verse obligado a adoptar un programa de austeridad, con aumentos de precios, reducción del empleo público y recortes de programas sociales.
En este contexto, el Gobierno acaba de anunciar que los subsidios a las tarifas eléctricas se reducirán de 6 billones de pesos a 1,4 billones en 2027. Si esta decisión se lleva a la práctica, las empresas distribuidoras enfrentarán una grave crisis financiera.
Tendrán que reducir sus inversiones en subtransmisión y distribución, con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio, mayores riesgos de interrupciones y presiones para aumentar las tarifas.
Los consumidores terminarán pagando las consecuencias de estas decisiones.
Castigo al consumo
La Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026, modificada por la 101 126 de 2026, estableció un programa transitorio para incentivar el ahorro de electricidad. La medida contempla cobros adicionales a los usuarios cuyo consumo supere en más del 10 % su meta individual, calculada a partir del consumo histórico de los doce meses anteriores.
Para los estratos 1, 2 y 3 se aplica un factor de cobro de 1,30 sobre el consumo excedente; para los estratos 4, 5 y 6, de 1,50, y para los usuarios comerciales e industriales, de 1,70. Los recursos recaudados se destinan a beneficiar a quienes reduzcan su consumo.
La CREG explicó en su Circular 348 del 16 de septiembre de 2026 que las metas son individuales y que el consumo histórico incorpora las diferencias climáticas. Por esta razón, descartó establecer factores de corrección por región.
Sin embargo, esta fórmula puede resultar insuficiente para los hogares de las zonas cálidas, especialmente de la costa Caribe, donde la refrigeración y la ventilación son necesidades permanentes. Los aumentos de consumo asociados con temperaturas extraordinarias podrían generar cobros adicionales, incluso para familias que utilizan la electricidad para mantener condiciones básicas de bienestar.
La medida merece especial atención por sus posibles consecuencias para los hogares de ingresos bajos y medios, que ya enfrentan tarifas elevadas.
Una política equivocada
Las decisiones del nuevo gobierno están agravando los problemas del sector eléctrico. Reducir los recursos destinados a los subsidios aumentará la presión financiera sobre las empresas distribuidoras, pondrá en riesgo sus inversiones y podría deteriorar la continuidad y la calidad del servicio.
La nueva política de incentivos al ahorro también necesita considerar sus efectos sobre los hogares de las regiones cálidas. Una regulación concebida para moderar el consumo puede acabar imponiendo costos adicionales a familias cuya demanda de electricidad responde a necesidades básicas.
