– Hace una semana el senador republicano Marco Rubio, presentó un proyecto de ley denominado ‘‘Banning Operations Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act’’, resumida como ‘‘BOLIVAR Act’’, por sus siglas en inglés. La misma tiene una explícita traduciión al castellano que reza: «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano».

Este proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes desde el pasado mes de enero, tiene por objeto ampliar el cerco contra el Gobierno venezolano que preside Nicolás Maduro, y extender prohibiciones de negocios a particulares que deseen invertir en el país, so pena de la aplicación de sanciones y la imposibilidad de hacer negocios en Estados Unidos o con sus socios en el mundo.

La nueva acción de funcionarios estadounidenses contra Venezuela, fue emprendida por los senadores republicanos Rick Scott y Thom Tillis, así como por la demócrata Jacky Rosen, que junto a Marco Rubio impulsan este proyecto de ley.

«Debemos asegurarnos que las agencias federales de EE.UU. no otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro», dijo Rubio tras presentar el documento. El republicano es uno de los más acérrimos actores desde las instituciones estadounidenses, para asfixiar a Caracas a través de sanciones y medidas coercitivas.

Su colega de partido, Rick Scott, defendió su proyecto con la frase: «ni un centavo de los contribuyentes estadounidenses puede usarse en apoyo a este régimen», en referencia al Gobierno legítimo de Venezuela.

Alcance de esta propuesta

Desde 2017 el Departamento del Tesoro ya impuso sanciones contra en presidente Maduro con las que congelaba todos los posibles bienes que el mandatario pudiese tener en EE.UU. y también prohibía a personas e instituciones estadounidenses eventuales transacciones con el líder venezolano.

Sin embargo, a falta de propiedades o bienes en ese país, las sanciones solo afectaron los negocios con instituciones gubernamentales de Venezuela, con lo que cerraron la posibilidad de compara de alimentos, medicinas y bienes y servicios para el país en su conjunto, y no solo para los altos cargos de la administración pública.

Aún así, las posibilidades de hacer negocio en Venezuela continuaron abiertas por parte de Caracas, con lo que algunos inversionistas radicados en Estados Unidos, aún tramitan algunos negocios con el Gobierno. Es ese precisamente la grieta que quiere cerrar Marco Rubio y sus colaboradores en el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes.

La prohibición no tendría carácter retroactivo y «solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley».

Esta disposición incluye un apartado a través del cual se permite seguir haciendo negocios con los funcionarios de la anterior Asamblea Nacional que presidió Juan Guaidó, y que cesó funciones según las leyes venezolanas en enero de 2021, pero que Washington sigue reconociendo como legítimo.

Con ello, los senadores norteamericanos podrán seguir otorgando financiamiento «legal» a la oposición a Maduro con los subterfugios de «ayuda humanitaria» o «negocios con el gobierno interino».

El documento incluye «excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres, y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela». También concede al secretario de Estado la facultad de «concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos».

Posibilidades de aprobación

Voceros del gobierno de Joe Biden han revelado que el presidente estadounidense no tiene intenciones de establecer contacto con el gobierno de Maduro «en el corto plazo», por lo que su interlocutor para los asuntos que competan con Venezuela, las sostendrá con el ex diputado Juan Guaidó, quien ya no tiene representación legal en el país ni controla ninguno de los poderes del Estado.

La propuesta de Rubio, Scott, Tillis y Rosen, cuenta con el apoyo de otros quince representantes en el senado, por lo que seguramente deben estar activando el lobby necesario para captar más adeptos a esta causa que promete apretar mucho más el puño contra la ya golpeada economía venezolana.

La Cámara de representantes es parte del poder legislativo del Gobierno federal de Estados Unidos, que cuenta con 435 representantes elegidos para períodos de dos años. Rubio y sus socios tienen un duro trabajo por hacer, pero ya lo han logrado antes.