Así lo afirmó el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien basó la «legitimidad» de la acción armada en el hecho de que la misma iba dirigida contra el conocido por «Gentil Duarte», líder de la estructura irregular atacada.

Molano dijo también que el bombardeo fue legítimo porque el grupo armado irregular que actúa en la zona se caracteriza por reclutar menores de edad, lo que los convierte en «máquinas de guerra».

«Estamos hablando de un operativo que tenía (como objetivo) una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra», afirmó el ministro.

Al mismo tiempo, Molano trató de desmarcarse de las denuncias emitidas por ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales, sobre al presunta muerte de unos 12 menores de edad en el bombardeo.

«Nosotros sabíamos que allí había estructuras que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. La edad y sexo sería determinada por la Fiscalía (…) Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños. Aquí lo que había era máquinas de guerra planeando acciones terroristas”, fueron parte de sus afirmaciones.

El Ejército colombiano, al dar parte de la acción el día 2 de marzo, informó que había ocasionado 10 bajas al grupo armado irregular, sin hacer mención a que ninguno tuviera la condición de menor de edad.

Posteriormente, el ciudadano Nepomuceno Marín hizo pública una denuncia en redes sociales y medios alternativos, referente a que todas las víctimas, cinco inicialmente tendrían entre 12 y 16 años de edad.

Horas después, el periodista y exconcejal Hollman Morris reportó desde el mismo lugar de los hechos que el bombardeo habría ocasionado el fallecimiento de 13 menores de entre 9 y 19 años de edad, además de una víctima cuya edad se desconoce. Otras tres personas estarían heridas en el hospital de la localidad, según el reporte de Morris.

En respuesta, la institución de Medicina Legal de Colombia hizo público su reporte oficial, reflejando que en el bombardeo en el Guaviare falleció un sólo menor de 16 años.

El resto de las víctimas, de acuerdo a este informe, serían cuatro personas de 19 años, una de 20, una de 23, una de 39 y dos de las que no se precisa aún la edad.

La controversia al respecto no cesa, pues este mismo miércoles, después de liberado el dictamen médico legal, el senador y presidente de la Comisión de Paz del Senado colombiano, Roy Barreras, denunció en Twitter inconsistencias de los datos allí plasmados.

Barreras alertó que dos de los fallecidos, presentados por Medicina Legal como ciudadanos de 19 años, en realidad tendrían 10 y 16 años, tomando como referencia sus documentos de identidad, que consignó en su denuncia.

Por lo pronto, hasta siete familias de la localidad con familiares ausentes a raíz del bombardeo, asistidos por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, están a la espera de la confirmación oficial de la identidad de los fallecidos.

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