La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promuigación. Su debate devino batalla por la soberanía y contra la privatización.

El Senado de México aprobó la noche del martes, con 68 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación.

Tras una sesión de trabajo por teleconferencia que se extendió más de nueve horas, los senadores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) defendieron que la iniciativa legal se apega al marco constitucional.

Este fue uno de los argumentos escogidos por la oposición para tratar de bloquearla.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, recordó a los legisladores de la oposición que la Carta Magna no concibe la participación de particulares en ámbitos estratégicos y exclusivos del Estado, como la electricidad.

Monreal y Ana Lilia Rivera (también de Morena) explicaron que fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dotarla de mayor control es defender los intereses del país, a contrapelo de lo dispuesto por los Gobiernos neoliberales, que cedieron el sector a empresas trasnacionales, alegaron.

Explicaron que no se busca excluir a las privadas. Estas pueden operar pero sin privilegios exclusivos, dijeron en alusión a la paradoja de que la CEF debía comprar energía a altos costos a las trasnacionales.

La senadora Jesusa Rodríguez (Morena) enfatizó que la ley prevé revocar los permisos de autoabasto irregulares, como los que permiten que consorcios como Soriana, Walmart y Oxxo tengan electricidad subsidiada, dijo.

En un momento álgido del debate, los senadores José Narro, Napoleón Gómez y Salomón Jara (Morena) manifestaron que a la oposición no le interesa la soberanía nacional y sí que continúen los negocios de las trasnacionales eléctricas.

Ante tendenciosas insinuaciones, el legislador Martí Batres contestó a la bancada opositora que «podrán decir que cumplimos orientaciones del Presidente, pero nunca que cumplimos orientaciones de Odebrecht, de Iberdrola, de Repsol”, ni que “que recibimos sobornos o bonos, como los que dieron a los legisladores que aprobaron la reforma energética de Peña Nieto”, acotó.

Tras su sanción en el Senado, el proyecto de ley pasó al Ejecutivo para su promulgación. Con anterioridad, la reforma había sido aprobada en la Cámara de Diputados (23 de febrero), con balance de 304 sufragios a favor.

Los senadores de la oposición adelantaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.