El 2020 quedará registrado como uno de los períodos más terribles para la humanidad en general y para Colombia en particular. Como era previsible, una pandemia global concluyó en una crisis económica, pero no igual para todos. La economía nacional perdió aproximadamente $68 billones, que significaron la quiebra de empresas y el despido de trabajadores. Pero no toda la responsabilidad fue de la pandemia; una parte importante de la culpa recae sobre el presidente Iván Duque.

Para ser justos, la economía venía experimentando en las últimas décadas un paulatino proceso de desaceleración y orientándose hacia actividades con poco desarrollo empresarial y creación de empleo. Los tres sectores más dinámicos: el financiero, la minería y el comercio, que acapararon las políticas económicas de estímulo y protección, presentan características propias de una economía en deterioro, con alta concentración de riqueza y poca demanda de trabajo en los dos primeros, y alta informalidad y bajos salarios en la tercera.

Duque recibió esta herencia después de haber sido uno de los más destacados críticos de la política económica de Santos. Lo que convierte al presidente en factor determinante de la crisis de 2020 es que durante un año y medio, antes de la pandemia, no hizo nada diferente a lo que tanto cuestionó. Tramitó dos reformas tributarias para otorgarles exenciones a las grandes empresas, aprobó el ingreso de Colombia a la OCDE, ratificó el TLC con Israel, no modificó el esquema presupuestal, incumplió su promesa de proteger las confecciones y los biocombustibles y, aparte de discursos, no otorgó recursos adicionales para la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y el trabajo de calidad.

Por eso la crisis es tan profunda. Duque no viró un solo grado el timón del vehículo que se dirigía al abismo, sino que le dio un empujón adicional. Junto con su ministro, Alberto Carrasquilla, permitieron que se destruyeran 5,4 millones de puestos de trabajo en los primeros meses, no apropiaron ni inyectaron los recursos suficientes para evitar que el 19,4 % de las empresas, según Confecámaras, estén cerradas temporal o indefinidamente. Según las cuentas del DANE, el gasto del Gobierno aumentó 3,7 %, mientras en 2019 había crecido 4,5 % y en 2018 en 7,4 %. En medio de la peor crisis, la indolencia del presidente y el ministro de Hacienda, que tomaron la decisión consciente de no salvar la economía, causó hambre, muerte y desesperanza.

Que el comité de aplausos del Gobierno en el Congreso, los medios y los gremios atribuyan a la pandemia la explicación de la crisis es parcialmente equivocado, pero que además estén aprovechando la situación para imponer reformas laboral y tributaria es totalmente abominable.