El presidente de la República, Nicolás Maduro,
sostuvo este jueves un encuentro con la relatora especial de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las medidas
coercitivas unilaterales en los Derechos Humanos.
«Estamos buscando un acuerdo práctico y efectivo para crear un fondo de
300 millones de dólares para las vacunas de Venezuela con la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud», informó
el presidente desde la reunión con representantes del organismo multilateral y
vicepresidentes sectoriales de la República. Así lo dio a conocer desde el
Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas.
También habló sobre el trabajo realizado con el Plan Mundial de Alimentos de la
ONU, la Unesco en el trabajo de educación, patrimonio y cultura, así como de
los esfuerzos para fortalecer la comunicación con estos organismos
multilaterales.
El diálogo se llevó a cabo al término de la visita oficial de la relatora a
Venezuela, quien arribó el pasado 30 de enero, para determinar «si la
adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena
realización de los derechos humanos de las personas», de acuerdo a una
declaración emitida por Douhan.
En este sentido, la alta funcionaria dedicó esfuerzos para examinar
«cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute
de todos los derechos humanos en Venezuela», agregó un comunicado de
prensa de la ONU.
Durante su estadía en Venezuela, Douhan se reunió con funcionarios del Gobierno
Nacional, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial y del Consejo Nacional de
Derechos Humanos, así como con representantes de organizaciones internacionales
y del cuerpo diplomático, sectores de la oposición y la sociedad civil.
Se espera que la relatora especial incluya sus observaciones en un informe que
será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de
septiembre.
Desde el año 2014, Venezuela está bajo un esquema ilegal de medidas coercitivas
unilaterales económicas, comerciales y financieras impuestas por el Gobierno de
Estados Unidos.
Estás acciones que persiguen la desestabilización del Gobierno Nacional, han
limitado significativamente la calidad de vida de los venezolanos.
En particular, las sanciones han impedido el tratamiento médico especializado
de niños, jóvenes y adultos con enfermedades crónicas, dada la negativa de la
banca internacional de procesar las transacciones procedentes de Venezuela a
causa del bloqueo económico.
Esta situación se acentuó con la llegada de la pandemia por Covid-19, limitando
el acceso de Venezuela a medicamentos, insumos y vacunas para tratar la
enfermedad infecciosa; informó Prensa Presidencial.
