El abominable ataque perpetrado contra Samuel Paty por un fanático criminal despertó una indignación acorde con su horror. También generó una serie de comentarios y propuestas que atestiguan una formidable confusión, en particular en relación con el concepto de libertad de expresión y sus manifestaciones.
Es así porque, desde hace varias décadas, se ha desarrollado un discurso llamado republicano que ha transformado sistemáticamente las nociones jurídicas que definen las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en virtudes morales que estos ciudadanos deben poseer y, por tanto, en criterios que permiten estigmatizar a quienes no los tienen.
La operación comenzó con la noción de laicismo. El laicismo consagrado en los principios de nuestra constitución significa que el Estado no enseña ninguna religión y no permite que ninguna religión intervenga en la organización de la educación pública. Esta noción no se desprende de quién sabe qué esencia de la república. La Tercera República la impuso para poner fin al control de la educación pública por parte de la Iglesia Católica que había sido establecido por una ley de… la Segunda República. La impuso también recomendando que los profesores no hicieran nada que hiriera las creencias de sus alumnos.
De hecho, es evidente que el laicismo que define la neutralidad del Estado en materia de religión no puede ser suficiente para regular las relaciones entre creyentes y no creyentes, ni entre miembros de religiones diferentes. Lo que puede proporcionar es una virtud específica para animar el comportamiento de los individuos: la tolerancia, que solo tiene sentido cuando es recíproca.
Los nuevos ideólogos del secularismo han alterado por completo el significado del concepto. La han convertido en una regla de conducta que el estado impone a los estudiantes, a sus madres y, en última instancia, a las mujeres en la sociedad en su conjunto. La obligación laica se identificó así con la prohibición de una forma de vestir, una prohibición discriminatoria ya que solo afectaba a mujeres y niñas de una determinada comunidad de creyentes y establecía así una oposición frontal entre la virtud laica instaurada por la ley republicana y el conjunto de una forma de vida.
Algo similar ocurre hoy en día en torno a la noción de libertad de expresión. Esta libertad, fijada por la ley del 29 de julio de 1881, es la libertad de los periodistas frente al poder del Estado, ese poder que se expresaba a través de la censura o por la obligación de autorización previa. Establece que los periodistas y otros actores de la opinión pública, pueden difundir sus escritos sin control de una autoridad superior, salvo para responder ante la justicia de los delitos y faltas que pudieran cometer haciendo uso de esa libertad y en particular del delito de difamación. Dice que los escritos pueden circular sin el permiso del Estado, pero no les confiere en ningún caso la virtud de encarnar la libertad de expresión, ni hace de esta libertad el principio para juzgarlos.
Sin embargo, los escritos – y posiblemente los dibujos – que circulan libremente no expresan la libertad de expresión. Manifiestan únicamente las ideas y estados de ánimo de sus autores y son estos los que son juzgados por sus lectores de acuerdo con sus propias ideas y estados de ánimo. Si tomamos el caso de las caricaturas de Mahoma y -aún dejando de lado el carácter difamatorio que algunos pueden haber visto en ellas- no expresan ninguna virtud inmanente de libertad. Y no buscan inducir el amor por esa misma libertad. Expresan, entre otras cosas, el sentimiento de desprecio que sienten y quieren compartir los espíritus que creen pertenecer a una élite ilustrada con respecto a la religión de poblaciones que consideran atrasadas.
Fanáticos criminales han pretendido vengar este desprecio con la monstruosa ejecución de los periodistas de Charlie-Hebdo. Pero, a partir de ahí, se puso en marcha un perverso mecanismo ideológico. Como el horror sufrido por estos periodistas los convirtió en mártires de la libertad de expresión, las caricaturas mismas se han convertido en la encarnación de esta libertad.
La caricatura en general, que históricamente ha servido a las causas más diversas, incluidas las más abyectas, se ha convertido en la expresión suprema de esta libertad que ha sido asimilada a la virtud de la libertad de expresión y de burla atribuida por derecho de nacimiento al pueblo francés. Y la expresión suprema de la libertad de expresión se identificó finalmente con la expresión del desprecio por una religión y una comunidad de creyentes considerados ajenos a esta virtud francesa. La glorificación de las caricaturas se ha convertido así en un deber nacional.
Políticos inconscientes o deliberadamente provocadores no han dudado en exigir que estas caricaturas se muestren en todas las escuelas. Esto equivale a pedir que la brecha entre las comunidades se amplíe en todas partes, que ayudemos a la propagación de la intolerancia y que, por lo tanto, proporcionemos nuevas oportunidades a los asesinos al tiempo que garantizamos un apoyo más amplio a sus crímenes en una comunidad más sensible a las ofensas.
Quizás sea el momento de decir, a la inversa, que una caricatura es solo una caricatura, que estas son mediocres y expresan sentimientos mediocres y que ninguna vale la vida de los periodistas. Los maestros y todos aquellos que hacen uso público de la palabra están expuestos por ello a la locura de los asesinos. También es hora de devolver a la libertad, por la que tantos hombres y mujeres se han sacrificado y aún sacrifican sus vidas en todo el mundo, unos símbolos un poco más dignos de ella.
Profesor emérito de filosofia, política y estética del European Graduate School y de la Universidad de París VIII. Discípulo de Louis Althusser, es autor de una obra de inspiración marxista.
