Al parecer, quienes gobiernan no distinguen entre la vulnerabilidad que provoca sentarse a esperar la renta extractiva y la estabilidad que puede brindar depender del propio esfuerzo productivo. Justamente, la diferencia entre un país rico y uno débil (como el nuestro), es haber entendido que el feudalismo fue derrotado hace dos siglos y medio.  

Depender de una renta efímera, como la minería, es negativo porque está sujeta al desempeño económico de otras naciones. Pero si esa es la orientación, mucho podría ahorrarse nuestro país en burocracia inútil que solo implora que los precios de los commodities suban. Sin embargo, el absurdo económico no para ahí. Bajo este esquema, lo sensato sería que se buscara incrementar la renta que recibe el Estado como dueño del recurso natural agotable. Sorprendentemente, en la última década especialmente, el Estado ha adoptado medidas para obtener una menor renta.  

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Bajo el criterio de hacer la estructura económica de Colombia atractiva a una inversión extranjera que solo viene al país cuando los precios externos de la minería son altos, se ha renunciado a buena parte de esa renta. Para 2018, el Estado perdió $1,5 billones en recaudo por cuenta de las exenciones tributarias de este sector, el segundo que más obtiene beneficios según el número de empresas, pero que solo genera el 1% de la ocupación total del país.  

Además, desde la creación de este mecanismo en 2018, se ha renunciado a $677.317 millones adicionales, al permitir que empresas mineras reemplacen la función estatal por medio de obras que pueden ser descontadas de sus pagos de impuestos.  

Finalmente, al omitir establecer controles efectivos al comercio de los recursos naturales, un estudio de Cedetrabajo ha identificado que entre 2010 y 2018 las diferencias en la facturación comercial ascienden a los $52,8 billones de exportaciones de petróleo, carbón, ferroníquel y oro, dejando de pagar unos $17 billones en impuestos en este periodo.  

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El monto de las pérdidas en la renta podría ser mayor, si se considera que las 11 empresas mineras más importantes del país, entre las que están Ecopetrol, Cerrejón, Cerro Matoso y Drummond, operan por medio de 36 empresas radicadas en guaridas financieras, una especie de caletas sofisticadas, como Panamá, Barbados y Bahamas, sobre las que las autoridades colombianas no tienen información ni control.  

Que parte importante de la riqueza del país dependa de la renta de productos que el mundo dejará de usar en el mediano plazo debe ser motivo de preocupación. Pero que, además, cada año se cree una medida nueva para cobrar menos, debería generar una investigación. El más reciente en entrar en operación será el de regalías por impuestos, que reducirá aún más los ingresos públicos. Estamos próximos a llegar al punto en que el monto de la inversión extranjera será menor que los privilegios que reciben estas empresas. ¡Les pagaremos por el saqueo! 

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La crisis actual abrió para el mundo la posibilidad de transformar políticas que antes eran impensables. Una de ellas, para Colombia, deberá considerar un freno a las pérdidas de renta minera, con el propósito de que esos recursos sirvan como capital que se requiere para ser invertido en la creación de riqueza productiva y así superar la Edad Media en la que permanece el país.

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