La Fiscalía ordenó la captura y
congelamiento de los bienes a representantes en el exterior del opositor Juan
Guaidó, por su implicación en el caso del
oro depositado en el Reino Unido. ‘En Órbita’ consultó al analista venezolano
Sergio Rodríguez Gelfenstein.
La orden contra representantes del opositor Juan Guaidó responde a la causa del
oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, confirmó el fiscal
general, Tarek William Saab.
El 2 de julio, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el Gobierno del
Reino Unido reconoce como «representante legítimo» del país al
diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente desde 2019.
De esta forma quedó sin efecto la solicitud del Banco Central de Venezuela de
recuperar 31 toneladas de oro —más de 1.000 millones de dólares— depositadas en
el Banco de Inglaterra.
«De la única manera que puedo calificar [la acción] es de robo. Son las
típicas políticas colonialistas que ha hecho Gran Bretaña a través de su
historia, basando su riqueza en la expoliación. Se robaron el dinero de Irak,
de Libia. Inventaron guerras para justificar el robo», dijo a En Órbita el
analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.
El Gobierno de Nicolás Maduro pretendía destinar parte del dinero al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de comprar alimentos e
insumos para atender la pandemia del coronavirus. La vicepresidenta Delcy
Rodríguez calificó la resolución como un «atentado de lesa humanidad
contra el pueblo venezolano».
En su diálogo con En Órbita, el analista consideró que si se logra una
sentencia a favor del país sudamericano, «será difícil» que se
cumpla.
«Ninguna de las resoluciones de los organismos jurídicos internacionales,
sea en la Corte Penal Internacional o cualquiera, cuando falla contra una potencia,
esta no cumple. Vivimos en un mundo sin ley (…) el derecho no es un valor del
mundo de hoy», reflexionó Gelfenstein, quien recordó el caso del fallo de
la Corte Internacional de Justicia en favor de Nicaragua en 1986 por el bloqueo
de sus costas, que obligó a EEUU a pagar, pero finalmente no se hizo.
