Plantean la prohibición de despidos individuales y condicionar las ayudas a las empresas a que mantengan el empleo. Reclamaron al Gobierno dotar de EPIs a trabajadores de la Sanidad y a empresas que mantienen su actividad, la renta mínima, la suspensión de alquileres y la reducción de turnos. Álvarez (UGT), Unai (CCOO), Garamendi (CEOE) y Cuerva (CePYME) celebraron el martes una videoconferencia con la vicepresidenta tercera, y los ministros de Trabajo, Industria, Inclusión y Agricultura para abordar estos temas.

En la imagen, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, (derecha) y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva..

Los sindicatos siguen negociando incansablemente con el Gobierno un amplio paquete de medidas sociales ante la crisis del coronavirus que quieren que se convierta en realidad en los próximos dos Consejos de Ministros ya previstos: el del viernes, 27 de febrero; y el del martes, 31 de marzo.

Para ello, el pasado martes se celebró una videoconferencia en la que por parte de los agentes sociales participaron el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva. En representación del Gobierno estuvieron la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la minstra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Moroto; el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá y el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas.

Los sindicatos exigen  impedir los despidos individuales por un periodo de tiempo, y vincular toda ayuda a las empresas al mantenimiento del empleo

En esa reunión los sindicatos reprocharon al Ejecutivo que muchos de los temas que se han negociado siguen sin ser aprobados, y reiteraron los asuntos todavía pendientes. Así, plantearon, entre otras cosas, la urgente necesidad de dotar de EPIs (Equipos de Protección Individual) a los trabajadores de la Sanidad, pero también al conjunto de empresas que mantienen la actividad.

Pero, especialmente, los sindicatos reivindicaron como una exigencia irrenunciable la necesidad de aumentar las garantías del mantenimiento del empleo, impidiendo los despidos individuales por un periodo de tiempo y vinculando toda ayuda a las empresas al mantenimiento del empleo. También pidieron una atención especial al colectivo de fijos discontinuos.

De hecho, los sindicatos se mostraron partidarios de reducir al mínimo las actividades no esenciales y, de manera especial los servicios de construcción, limitándose a obras públicas y construcciones imprescindibles. También lo pidieron para otros sectores no afectados por el estado de alarma. Hasta el momento, el Gobierno ha rechazado el paro total de la actividad no esencial. 

Además, se planteó la reorientación de toda la actividad productiva hacia la producción de material sanitario, así como una reducción de los horarios y turnos más cortos.

Atascos en el SEPES

Asimismo, en la reunión se trató la necesidad de unificar criterios sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), en cuanto a la seguridad tipológica: por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas o de producción; así como sobre el silencio administrativo positivo.

Además, ambas partes no ocultaron su preocupación por el atasco en la tramitación de los ERTEs, de la prestaciones por desempleo y el cobro de las mismas. Se abordó la necesidad de contratar más personal interino para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES) para evitar el colapso.

En la misma línea, se insistió en la necesidad ayudar al alquiler y a las personas que necesiten dejar de trabajar por cuidado de menores y mayores dependientes, dos medidas que están ya casi en la mesa del Consejo de Ministros.

Los miembros del Gobierno recogieron el guante de las propuestas, y fuentes sindicales y del Gobierno aseguraron que muchas de estas medidas irán incluidas en un nuevo paquete de medidas sociales para sumar al plan de choque que ya anunció hace dos semanas el Ejecutivo.

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