EL FRACASO DE LA DOCTRINA DE AUSTERIDAD (1)

Pablo Casado niega que el PP hiciera recortes en Sanidad «ni en los peores años de la crisis», pero la realidad es que la política de austeridad del mandato de Rajoy ha dejado inerme al sistema sanitario frente a una pandemia como la actual. Los mismos dirigentes de la derecha que ahora exigen el despliegue masivo de recursos públicos frente al coronavirus impulsaron una privatización de los hospitales y centros de salud plagada de ineficacia y corrupción.

«Si las políticas económicas de austeridad se hubieran organizado como un ensayo clínico masivo, habrían sido rápidamente interrumpidas al acumularse las evidencias de sus mortíferos efectos secundarios». Esa fue la conclusión que alcanzaron en 2013 el investigador David Stuckler, de la Universidad de Oxford, y el epidemiólogo Sanjay Basu, del Centro de Investigación para la Prevención de la Universidad de Stanford, tras estudiar durante una década los efectos de la gestión derechista neoliberal de la Sanidad en la mayor parte de los países del mundo.

En aquella fecha, Stuckler declaró a Público: «Según nuestros cálculos, unas 180.000 personas han perdido el acceso a la atención sanitaria preventiva en España como consecuencia de los recortes presupuestarios, que han puesto en la calle a 280.000 empleados del sector público y han dejado sin ingreso ninguno a unos 600.000 españoles». Pero los recortes de la sanidad no sólo continuaron sino que incluso se recrudecieron hasta el final del mandato de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, acaba de negar que su partido haya hecho recortes en Sanidad ni siquiera «en los peores años de la crisis», e incluso ha protestado de que «se intenten dar datos falsos sobre supuestos recortes o detrimentos de recursos para la Sanidad o los Servicios sociales», cuando los datos que lo demuestran son oficiales y emitidos por la Consejería de Sanidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Y es que ahora los mismos dirigentes políticos de la derecha que promovieron ese debilitamiento de la sanidad pública para su privatización –y proclamaban hasta hace sólo unos días que la gestión privada era mucho más «eficiente»– ponen el grito en el cielo por la falta de equipos y de personal del sistema sanitario estatal y exigen al Gobierno de coalición un despliegue masivo e inmediato de los recursos e instalaciones que anteriormente ellos mismos esquilmaron.

El PP de Madrid desvió tres millones de euros de la construcción de hospitales para financiar campañas de Esperanza Aguirre

Algunos incluso están hoy contagiados por el coronavirus, como la lideresa del PP, Esperanza Aguirre, quien está siendo atendida en un hospital público (de gestión privada); alojada junto a su marido, también infectado, en una de las habitaciones actualmente fuera del alcance de miles de víctimas de la pandemia que se agolpan en camillas alineadas en los pasillos o instaladas en centros de campaña. Ella, que afirmó rotundamente, pese a carecer de estudios en esa materia: «La obligación de los políticos es gestionar lo servicios públicos al menor coste posible. Y no le quepa la menor duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública».

Este ejemplo es especialmente sangrante para los madrileños, ya que durante los gobiernos del PP en la comunidad se clausuraron casi 3.000 camas hospitalarias (una de cada cinco) y se despidió a 3.200 trabajadores de la sanidad pública, al tiempo que se dilapidaban millones en contratar la construcción de siete hospitales privados con fondos buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido. En 2017, el 60,35% del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid fue a parar a manos de empresas privadas.

«Las camas de los hospitales se han suprimido en nombre de la eficiencia»

Más aún, según la investigación del juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional, el PP de Madrid utilizó la construcción de estos siete hospitales para financiarse ilegalmente –mediante comisiones del 1% del valor de cada contrata– por valor de al menos 1,88 millones de euros. En total, Aguirre podría haber desviado para sus campañas electorales hasta tres millones de euros de dinero público asignado a levantar esos nuevos centros hospitalarios.

El balance de la gestión neoliberal de la Sanidad de Madrid por el PP ha sido desastroso: los sobrecostes acumulados de las privatizaciones –entre los de construcción y los contractuales previstos hasta el 2035– ascienden a 3.483 millones de euros, según la denuncia presentada por Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.