En el informe del Observatorio Madrileño de Salud se hace balance de los diez años de la privatización hospitalaria en la Comunidad de Madrid, desde los llamados «hospitales hipoteca» que el Gobierno de Aguirre desarrolló hace más de una década, hasta el absurdo resultado de que la apertura de once nuevos hospitales redujo el número de camas disponibles en la red pública sanitaria. Un nuevo modelo de gestión sanitaria por el que siete hospitales se salvaron de la privatización total pero cuyo sobrecoste final estará ocho veces por encima del precio de su construcción.

«Madrid ha sido un laboratorio neoliberal de las políticas sanitarias»

Además, según el informe, el resultado fue «un deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros, y del trasvase de pacientes hacia los centros privatizados«, al tiempo que «no existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria en la región, a pesar de los ingentes recursos económicos destinados a los centros privatizados», tal como demuestra «el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica (que han pasado de 27.672 en junio de 2005 a 84.000 en septiembre de 2016)».

El ejecutivo de Cospedal en Castilla-La Mancha usó nueve millones de euros del Hospital de Toledo para dar publicidad a medios afines

Claro que el PP no desviaba los fondos sanitarios sólo en Madrid –y en la Comunidad de Valencia, donde inauguró la privatización hospitalaria con el fracasado «modelo Alzira»–, sino que en Castilla-La Mancha el ejecutivo de María Dolores de Cospedal utilizó hasta nueve millones de euros del préstamo concedido para edificar el Hospital de Toledo para abonar deudas de la fundación pública que usaban los populares castellano-manchegos para dar publicidad a medios de comunicación afines.

Mientras esto ocurría, otro de los dirigentes ultraderechistas opuestos a la sanidad pública, Santiago Abascal –ahora también infectado por el covid-19 y haciendo campaña política contra el presidente del Gobierno aprovechándose de las muertes provocadas por la pandemia– recibía una de las mayores «mamandurrias» –como calificaba la lideresa a las subvenciones públicas– de la Comunidad de Madrid: el líder de Vox se embolsaba un salario bruto de 82.000 euros por dirigir la Fundación para el Mecenazgo y el Patrimonio Social. Entidad que no cumplió ni uno solo de sus opacos objetivos, pero a la que Aguirre destinaba un presupuesto –público, por supuesto– de 252.818 euros anuales.

Los hospitales de Madrid se caen a pedazos y hasta el PP señala a Aguirre

Ahora, Abascal y su lugarteniente Javier Ortega-Smith –también con coronavirus, tras ir a pillarlo a Milán, zona cero de la pandemia en Europa, para traerlo de vuelta al Congreso de Vistalegre y la manifestación de Jusapol– acusan a Pedro Sánchez de no haberles prohibido su propio mitin multitudinario y a Pablo Iglesias de ser responsable de la catástrofe, en contra de todas las evidencias de que el líder de Podemos fue el primero en abogar por la declaración del estado de alarma y las medidas extraordinarias económicas y sociales.