Álvaro García Linera
Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.
En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.
En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de «elecciones limpias» pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.
Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.
Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.
La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?
Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.
Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.
Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media», medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.
Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.
El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.
Alfredo Serrano Mancilla
Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas.
Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news.
En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos participes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos.
He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos:
- El fascismo de los comités cívicos
Especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.
- La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones
Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.
- La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.
- El Gobierno de los Estados Unidos
Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran.
- La policía
Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado.
- Las Fuerzas Armadas
Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios.
- Ciertos medios de comunicación
Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales.
- Los actores económicos
Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.
- Los oportunistas de siempre
No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora Jeanine Áñez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para alcanzar su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país.
Bolivia: ni Pinochet
Pedro Miguel
La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, rostro supuestamente presentable de los golpistas que se encaramaron al poder en ese país, anunció ayer que presentará un reclamo a México para que le exija a Evo Morales que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está; eso es verdaderamente vergonzoso.
Horas antes, el ex presidente y ex candidato presidencial Carlos de Mesa, uno de los dos cabecillas civiles de la asonada, expresó en rueda de prensa algo parecido y denunció ante el mundo que México le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana. Y fue más allá: Es una vergüenza que el gobierno de México permita que el señor Morales se mueva como si no hubiera pasado nada; el Presidente de México tiene que entender que la institución del asilo político tiene unas características; un asilado político no puede hacer declaraciones políticas.
A lo que puede entenderse, los que de facto controlan Bolivia en estas horas no tienen idea de la existencia de la Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas en la décima Conferencia Interamericana (1954), y que establece el derecho de todo Estado a admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente sin que ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno y el respeto que según el derecho internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los asilados en su territorio. El instrumento asienta también que ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos, por lo que los exiliados en México gozan de los derechos (salvo los derechos políticos reservados a ciudadanos mexicanos) consagrados en la Constitución. La Convención reconoce explícitamente, además, que la libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo que constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante(https://is.gd/mdV3T2).
Aunque los reclamos de los golpistas bolivianos fueron fácilmente desbaratados en lo jurídico y en lo diplomático en una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://is.gd/vQPEA0), previsiblemente darán combustible a la gritería de las derechas locales que ante la llegada de Evo Morales al país han expuesto sus facetas descarnadamente racistas, cuartelarias y mezquinas. Pero el derrocado mandatario sudamericano es una figura muy querida por el pueblo y gobierno mexicanos, tiene un alto valor simbólico para diversos movimientos sociales nacionales y la reacción no va a alterar eso por más que propaguen fake news, como la imaginaria resurrección del Estado Mayor Presidencial para cuidar a Evo, o ladre por el costo del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana dispuesto para rescatarlo.
Lo más preocupante es que las protestas referidas son uno más de los signos de que en Bolivia hoy se conforma una dictadura: las fuerzas policiales propinan palizas, encarcelan y hieren a manifestantes que exigen el retorno de Evo, disparan contra opositores y anuncian –por boca de Arturo Murillo, que encabeza el Ministerio de Gobierno del régimen de facto– una cacería contra los animales que se atreven a disentir de los golpistas. En conferencia de prensa De Mesa ya juzgó y declaró culpables a diversos funcionarios del gobierno depuesto por un fraude electoral que ni siquiera ha sido demostrado (el informe de la OEA es un manojo de afirmaciones sin pruebas) y exigió (o más bien anunció) la pronta realización de elecciones con un Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo) cuidadosamente diezmado y depurado a gusto de los golpistas para asegurarse un triunfo holgado. Y, a semejanza de los regímenes militares de décadas pasadas, el actual de Bolivia ha lanzado una campaña propagandística para intentar convencer a la opinión pública internacional de que el golpe de Estado no fue tal, sino una suerte de democratización.
En cuanto a los absurdos reclamos a México, hay que recordar que ni Pinochet ni Videla ni García Meza –el sanguinario narcogorila boliviano– se atrevieron en su momento a un gesto tan desmesurado e impresentable como exigir a nuestro país que suprimiera los derechos políticos de los chilenos, argentinos y bolivianos que buscaron refugio en México.
La Jornada, 15 de noviembre 2019
(1962) Vicepresidente de Bolivia en los tres gobiernos de Evo Morales, dimitió con él el pasado 10 de noviembre ante la presión militar. Cofundador del Ejercito Guerrillero Tupaj Katari, estuvo encarcelado de 1992 a 1997. Autor de varias obras, es uno de los intelectuales de izquierda más respetados de América Latina.
Director de CELAG.
(1958) Ensayista y novelista mexicano, es columnista de La Jornada.
