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50 Propuestas al Foro Nacional de Desarrollo Agrario Integral

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Presentadas como apoyo al Proceso  de Negociación que se desarrolla entre el Gobierno Colombiano y las FARC en la Habana –Cuba por el Grupo Paz Siglo XXI Centro de Pensamiento para el Desarrollo de Propuestas Concretas  de Política de Desarrollo Agrario Rural Integral

Miembros del Grupo:

 

Heidi Abuchaibe A.

Álvaro Bocanumenth

Santiago Escobar A.

Eduardo Medina

Laura E. Rugeles

Jaime Acosta

Guido Bonilla P.

Jaime Forero

Rodolfo Medina

Clara María Sanín P.

Iván Acuña

Carlos A. Cárdenas C.

Jorge Granados R.

Carlos F. Ortiz G.

Nelson Socha M.

Luis Arango

Ana Isabel Correa G.

Helge Hollick

Pedro Nel Pineda

Ricardo A. Torres C.

Myriam Arango R.

Carlos Corredor P.

Gabriel H. Latorre G.

Oscar Pinto M

Álvaro F. Uribe C.

Jaime Barajas O.

Mario Ignacio Díaz G.

Jaime Martínez

Fernando Puerto

Beatriz Vallejo

Fernando Bernal

Horacio Duque

Diana Medrano

Alejandro Reyes

Claudia Vizcaíno

Naciones Unidas - Universidad Nacional

Bogotá, 17, 18 y 19 de diciembre de 2012

Introducción

 

El  Grupo Paz Siglo XXI, es un centro de pensamiento conformado por  profesionales especialistas en temas asociados  al primer punto de la Agenda para el Acuerdo General para la terminación del Conflicto, que hace referencia a la  Política de Desarrollo Agrario Rural Integral. Este grupo, esta focalizado en   análisis puntuales, precisos y en la generación de ideas propositivas  que van mas allá del diagnostico y que buscan  contribuir de manera concreta a las negociaciones en curso.

El Grupo Paz Siglo XXI fue  convocado por  la Presidencia del Congreso de la Republica en  alianza con el Centro de Pensamiento para la Paz y el Postconflicto para colaborar en el diseño de un foro y  exponer  en ese entorno  ideas para apoyar el logro dela Paz. Este evento se denominó  “Foro de Desarrollo Rural Territorial para la Reincorporación y la Transición de la Sociedad Rural al Postconflicto” fue organizado con el propósito de aportar a la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo rural territorial y a la construcción de una paz duradera incluyente y prospera.

 Las 50 ideas fuerza presentadas en este documento son el resultado de la integración de los planteamientos  resultantes de las ponencias del foro,  así como de otras ideas planteadas en una reunión con líderes de organizaciones de campesinos.

Estos planteamientos que se enmarcan en el desarrollo rural con enfoque territorial, consultan las especificidades del las zonas de conflicto y parten de dos  consideraciones centrales:

 1.      En los últimos 25 años se ha presenciado la desaparición de las políticas, estrategias y programas de desarrollo rural y el desmonte progresivo de la institucionalidad publica. Esto ha contribuido a una caída del PIB agropecuario y al aumento en la  brecha de la pobreza e indigencia de la  población en los territorios rurales.

2.      Colombia pasa por una coyuntura excepcional de oportunidades para el crecimiento económico y bienestar social.  El desarrollo rural han vuelto a resurgir en la agenda pública y hacen parte de la negociación entre las FARC y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Las  50 Ideas Fuerza se presentan clasificadas en 10 temas coincidentes con los comprendidos en la Agenda: 

I.    INSTITUCIONALIDAD PARA LA FASE DE TRANSICIÓN HACIA EL POST-CONFLICTO EN LOS TERRITORIOS RURALES

3.    Se sugiere replantear la actual institucionalidad que fue pensada para los años 70, 80 y aún de los 90, y para condiciones de paz. Esta debería ser sincrónica a las nuevas condiciones que faciliten una negociación para la superación del conflicto.

4.      Planteamos  crear una institucionalidad de transición flexible y descentralizada, a partir de la creación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo Rural que tengan un Consejo Territorial de Desarrollo Rural, donde tengan asiento las organizaciones campesinas, las entidades territoriales, los gremios, las fuerzas desmovilizadas y la Sociedad Civil.

5.      Los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural habrían de  preparar, concertar y desarrollar los “Programas Regionales de Desarrollo Rural para lo cual se apoyarían en las Unidades Técnicas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo Rural y contarían con los recursos de los 4 fondos de inversión propuestos en el punto IV de esta propuesta “Estimulo a la Producción” (Promoción de la Equidad, Infraestructura, promoción de la inversión rural y ambiental) y los instrumentos de la política pública que garanticen su ejecución.

6.      A nivel nacional se sugiere crear un Consejo Superior de Desarrollo Rural y Reforma Agraria presidido por el Señor Presidente de la República y donde tengan asiento los Ministros de Hacienda, Transporte, Educación, Salud y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

7.      Se plantea la creación de una nueva institucionalidad para las Zonas Especiales de Desarrollo en aquellas regiones de mayor concentración de cultivos ilícitos y su integración a la economía lícita y la prosperidad económica y social. La fumigación habría de detenerse una vez se pongan en marcha las Zonas Especiales de Desarrollo.

8.      La nueva institucionalidad implica reformar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para crear el Viceministerio de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.

9.      Se propone fortalecer las instituciones responsables de  la administración o gobernanza de la tierra  y la propiedad rural en Colombia (INCODER-UAEPNN-IGAC-ORIP/SNR). Modernizando e  interrelacionando sus  sistemas de información  en el corto y mediano plazo. En el largo plazo se revisarán las funciones misionales, del IGAC y la SNR,  para una fusión e integración hacia una unidad o autoridad única, jurídica y predial catastral.

10.  Se apuesta a la especialización de la misión del INCODER  o de la entidad que lo sustituya, en la forma de una agencia nacional de tierras con el objeto que esta institución se dedique o concentre  exclusivamente a la gestión y gobernanza de la propiedad del estado (baldíos nacionales, zonas de reserva forestal y bienes fiscales del estado y bienes públicos de la nación), así como en los procedimientos agrarios relacionados con el acceso a tierras  para campesinos pobres sin tierra, minorías étnicas  y desplazados. En consecuencia se plantea trasladar las funciones de desarrollo rural a una nueva Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Rural Territorial.

11.  Igualmente, se propone de ajustar la actual institucionalidad del sector rural para pasar del enfoque de asignación de recursos y subsidios  por demanda a la asignación por oferta.

12.  Se apuesta y propone una profunda reorganización de la  institucionalidad nacional para la transferencia tecnológica y la asistencia técnica ,   revisando y fortaleciendo las capacidades de CORPOICA para ampliar su mandato a la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Técnica y de Transferencia de Tecnología, con fuerte énfasis en el acompañamiento al diseño de proyectos productivos, especialmente en las áreas de desarrollo rural regional y en las zonas de reserva campesina y en articulación con las Corporaciones Territoriales de Desarrollo Rural y sus Consejos  y en el marco de los Programas Regionales de Desarrollo Rural.

13.  Se plantea balancear  las Políticas de Desarrollo Rural campesino con las de Agricultura Comercial e interrelacionar la producción y desarrollo del sector con la distribución de los bienes públicos.

14.  Se sugiere crear un marco de política donde el campesinado tenga un mayor protagonismo y mejor capacidad de negociación que  equipare la  representatividad  de  las comunidades campesinas con el poder de acceso al Estado que hoy tienen los gremios representantes de la agricultura moderna o comercial.

II: ACCESO,  USO Y ORDENAMIENTO DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS EN COLOMBIA CON ENFOQUE TERRITORIAL :

15. Se sugieren dos escenarios que determinarán buena parte del desarrollo territorial:

La reincorporación a la vida civil y ciudadana de las fuerzas insurgentes; y

La fase de transición hacia el post-conflicto.

16. En la fase de reincorporación, los  territorios, objeto de la pacificación y la reconciliación,  requerirán un “Plan de desarrollo y de transición para   la consolidación de una  paz estable y duradera”. En tal escenario las fuerzas desmovilizadas y sus bases sociales tendrán un rol importante a jugar en la lucha contra la pobreza rural, la protección y conservación de zonas ecológicamente sensibles y estratégicas y el  relanzamiento de las condiciones y estilo de desarrollo  rural democrático  e incluyente, e  incluso, en modelos alternativos de desarrollo que desocupen los territorios de cultivos ilegales.

17. Para  la fase de transición hacia el post-conflicto  y en relación al  acceso,  ocupación,  uso  y ordenamiento de las tierras y territorios se propone el diseño de Programas Regionales descentralizados de Acceso, clarificación, adjudicación, saneamiento y de  formalización masiva de  tierras y territorios.

18. En cuanto acceso a tierras: Se estima que hipotéticamente cerca de 250.000 familias carecen de tierras productivas. Será posible considerar cinco estrategias a ser  combinadas para satisfacer esas demandas:

La primera, diseñar una  estrategia basada en inversión del Estado para garantizar la compra directa de cerca de  4,5 millones de has.

La segunda,  aunque reconoce los discretos resultados de la estrategia de demanda, basada en los programas de subsidios integrales para la compra de tierras, sigue siendo una opción válida.

La tercera, se sustenta en el volumen potencial de baldíos adjudicables de cerca de 2 millones de has. requiriéndose de  una bolsa de baldíos de cerca de 2, 5 millones adicionales a recuperar en  zonas ocupadas ilegalmente.

La cuarta, radica  en explorar y profundizar la alternativa de uso y usufructo de las tierras actuales planteado en la nueva Ley de Tierras y desarrollo Rural, donde se especifica el derecho al uso  de superficie.

La quinta, una  opción que permitiría liberar grandes áreas de tierras sería aquella que incremente fuertemente la tributación rural aumentando el costo de oportunidad de mantener tierras improductivas u ociosas.

19.  Se propone profundizar el reordenamiento territorial-productivo y social de la propiedad  en áreas de alto conflicto de ocupación y uso de las tierras y territorios, mediante el diseño y puesta en marcha de incentivos e instrumentos económicos y no económicos, para la adecuada  ocupación y uso de acuerdo a la vocación y capacidades de uso de los suelos, las tierras y los territorios.

20. Se propone que la política pública de ordenamiento de los territorios, incluya el  microordenamiento u ordenamiento predial. Así las consideraciones ambientales, de conservación y uso sostenible de la base o la oferta ambiental, habrán de hacer parte de los criterios en materia de adjudicación y de restitución de tierras. Entre otras razones, el de las funciones ecológicas y sociales, constitucionalmente  asignadas a la propiedad

21. Para  ello se apuesta a instrumentos económicos que incentiven  la conservación de las funciones y servicios ecosistémicos y ambientales mediante, por ejemplo, la exención o reducción del impuesto predial u otros mecanismos de subsidios a los productores comprometidos con metas locales y  regionales de conservación.   Se plantea la construcción de mapas de aptitud para los distintos bienes agrícolas, pecuarios y forestales y el diseño de   zonas especiales de reconversión productiva.

III: ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO

22. Para estimular la producción, superar la inequidad y  la pobreza y contribuir a la sostenibilidad ambiental  del medio rural, se sugiere la constitución de 4 Fondos con funciones complementarias:

A.      Fondo de Infraestructura. Vías, acueductos, alcantarillado, vivienda hospitales escuelas, energía, telecomunicaciones.

B.       Superación de la pobreza y promoción de la equidad. Subsidios, apoyos económicos, becas, créditos blandos esquema de salud rural, vivienda (localización espacial de asentamientos urbanos.

C.      Fondo de Promoción de la inversión, inversión de capital, recursos de inversión productiva, recursos de crédito, acceso al mercado de capitales, banca de inversión, rural, modernización y generación de herramientas del mercado de capitales con enfoque de equidad y generación distributiva de riqueza social en el sector rural.

D.      Fondo de Promoción de la protección ambiental, bosques, selva, fuentes de agua, siembra de especies en peligro, protección de ecosistemas.

23. Igualmente, se plantea crear  herramientas de promoción, inversión y control, tales como Superintendencia Rural y del Ambiente, (protección de ecosistemas y de la biodiversidad), encargada de vigilar las actuaciones públicas y privadas que se pretendan hacer en este componente.

24. En cuanto a la necesaria Integración Multidimensional  Público-Privada para   el desarrollo agropecuario y rural Se propone pasar de la utilización de instrumentos de integración de recursos publico –privados  (Alianzas Publico-privadas) en beneficio de proyectos exclusivamente comerciales y productivos, a la utilización de instrumentos de integración de recursos  públicos- privados para impulsar  el desarrollo  rural en las siguientes dimensiones:

Dimensión político institucional y de bienes públicos

 Dimensión Económico-Productiva ( incluye lo productivo, comercial y financiero)

Dimensión Social.

Dimensión Ambiental.

Estos  Instrumentos de Colaboración e Integración multidimensional  pública-privada  están orientados a   unir  recursos económicos, de tiempo, humanos y culturales de instituciones gubernamentales  con los del sector privado (con y sin ánimo de lucro-nacional e internacional-) para impulsar proyectos de desarrollo rural que mejoren la generación de  Ingresos de las poblaciones rurales, incrementen  la productividad y mejoren   la competitividad del Sector Rural.

Propuestas de ordenamiento ambiental del territorio - conservación y puesta en valor de la  diversidad biológica y la agro-biodiversidad para el desarrollo rural-

Colombia es un país Mega diverso, biológica y culturalmente. Su Inserción en la corriente de la globalización implica ventajas y oportunidades, pero entraña riesgos  y potenciales conflictos derivados de la asimetría que el sector ambiental tiene respecto de otros sectores de inserción en la economía mundial.

 27.    La biodiversidad en los espacios rurales se evidencia en la llamada agro biodiversidad. Esta es representada en cultígenos o cultivariedades del agricultor, en especies animales  y forestales, y por supuesto de los recursos Fito genéticos y zoo genéticos asociados, al igual que del conocimiento  tradicional. Estos recursos sufren una creciente y acelerada erosión genética y cultural. Se propone  una política de estado para  la conservación y uso  sostenible de estos recursos mediante un Plan Nacional de Conservación, Prospección y Uso Sostenible de la Agro-biodiversidad.

Una política pública de seguridad alimentaria habrá de contemplar la  estrategia de  conservación y gestión de estos recursos, al igual que el reconocimiento y apoyo a nuestros campesinos, los  que pese a tantos obstáculos, han sabido conservar y enriquecer  este patrimonio.

Igualmente   se propone intensificar los esfuerzos nacionales en materia de prospección de la diversidad biológica  para  hallar aplicaciones en el campo de la agricultura, la farmacología, los nuevos materiales, que permitan la valorización de la oferta biológica  y de su diversidad.

 

IV. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:

No basta distribuir la tierra, tampoco es suficiente asociar  desarrollo rural con infraestructura económica o física, tradicionalmente se ha considerado la infraestructura física un factor determinante para el desarrollo rural. Es necesario valorar la infraestructura social, la cual,  a partir de los años, 90 cobra  especial importancia.

La infraestructura social  juega un papel critico en la  disminución de la pobreza y el mejoramiento de la equidad, problemas de energía , agua alcantarillado , asistencia técnica, vivienda rural, salud, educación, formación para el trabajo son temas de infraestructura social y están orientados a disminuir la inequidad y mejorar los ingresos. Este planteamiento exige  una nueva institucionalidad democrática y de asignación de recursos. Una institucionalidad que permita la participación de todos los sectores y que vaya más allá del sistema de participación política actual que se ha desgastado.

Propuestas de mejoramiento de  ingresos

Se invita a re-pensar el desarrollo productivo del sector rural en torno a la generación ingresos  para los pobladores del sector. El reto es  encontrar una fórmula  balanceada entre el desarrollo  económico y el desarrollo social y ambiental.

Se plantea participar activamente en el desarrollo de  una política integral de generación de Ingresos  rurales  (no de empleo) que integre a la economía a  las poblaciones pobres y vulnerables del sector y al mismo tiempo incremente la productividad de la mano de obra y la competitividad del sector. Esta  política  debe incluir alternativas que beneficien particularmente  a los desempleados, jóvenes profesionales y mayores de 45 años.

Se propone Impulsar proyectos  de Desarrollo Rural Integral con enfoque inclusivo  (que incluyan no solamente  actividades netamente agropecuarias , sino también actividades artesanales , acuícolas pesqueras , forestales , industriales , agroindustriales y de turismo) que sean  rentables e  integren a las comunidades de bajos ingresos a la cadena de valor como oferentes de mano de obra , proveedores , distribuidores y consumidores para lograr  impactos económicos sociales y ambientales en las poblaciones rurales.

Se sugiere incentivar la organización de pequeños y  medianos productores  en esquemas de economía solidaria,  como oferentes de una amplia gama de  servicios rurales. Los trabajadores rurales así organizados podrán ofrecer estos servicios desde sus propias empresas o negocios productivos y además ofrecer servicios  a  empresas medianas y grandes ubicadas en el territorio.

Se recomienda incrementar la productividad de la mano de obra, avanzando  hacia la formalización de  un modelo de remuneración con base al pago por productividad que incluya variables de protección en salud y seguridad social y que excluya todos aquellos costos que encarezcan la demanda de mano de obra y  no tengan un impacto directo en el mejoramiento del ingreso del trabajador, la productividad y competitividad empresarial.

Se sugiere diseñar  modelos alternativos innovadores  de generación de ingresos que  impulsen un crecimiento económico real, donde el ingreso de derive de trabajos productivos  como principal fuente de recursos, generando como consecuencia el   incremento de   la confianza  y del   consumo.

Propuestas de integración del sector educativo con el sector productivo

Se propone aumentar productividad del sector formal a través de la educación. Focalizar el Sector Educativo en el Fortalecimiento de Competencias Laborales Pertinentes

Esta propuesta busca convertir  los trabajadores del sector  en altamente productivos de acuerdo a las cambiantes necesidades del mercado, mediante el estímulo  del potencial productivo de los trabajadores. Planteando la Integración estratégica  del Sector Educativo con el Sector Empresarial para el  desarrollo de competencias y habilidades aplicadas a la práctica que respondan a la demanda de mano de obra  productiva  necesaria  para mejorar la competitividad de los proyectos de desarrollo rural  o a las demandas de los  empleadores rurales o urbanos del territorio  y generar desarrollo socio-económico en la Región.

Se plantea  extender  las subvenciones que hoy aplican para los microempresas  para impulsar programas de formación para el trabajo que incrementen  la productividad del trabajador rural. 

V.  SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

Las ideas fuerza sobre Sustitución de Cultivos ilícitos se desvinculan totalmente de ideas y soluciones que han demostrado no ser operativas ni viables  durante los últimos 30 años.

Se reitera el apoyo a la estrategia pedagógica del Presidente Juan Manuel Santos para afrontar el problema que los cultivos ilícitos causan en nuestros países. Esto justifica la necesidad de discutir el tema de la legalización de la droga en los escenarios internacionales.

Se propone al Gobierno suspender las fumigaciones mientras se adelantan estas discusiones, evitando los daños ambientales y sociales colaterales que están causando.

Se  proponen   instrumentos concretos para facilitar  la inclusión de personas involucradas a cultivos ilícitos a la economía formal. Entre otros la creación de fondos de inversión social, de dotación de bienes públicos y fondos de incentivos de desarrollo económico.

Se sugiere una estrategia de desarrollo que  incorpore a las fuerzas desmovilizadas, sus bases sociales y la  población campesina a sistemas productivos  con rubros de alta agregación de valor por unidad de superficie, e igualmente consagradas a la protección de ecosistemas estratégicos.

VI. NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO RURAL

La gran noticia es que la Ley de Tierras y Desarrollo Rural del gobierno coincide con la propuesta de la Mesa Nacional de Unidad Agraria —conformada por organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes empeñadas en resolver el problema de la informalidad y ocupación progresiva de la tierra y la precariedad en la formalización de la misma. Coinciden en que los derechos de propiedad, su aseguramiento y regularización, son fundamentales.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), son una manera de proteger los derechos de propiedad campesina. Nos asociamos a  la propuesta  que de  la ley de Tierras y Desarrollo Rural en el sentido que las ZRC puedan ser declaradas en cualquier parte del país, apartándose de la posición actual de que ellas deben estar ligadas a los lugares donde hay baldíos de la nación.

El derecho real de superficie es la única forma que tiene el Estado para entregar baldíos de la nación a empresas dedicadas al desarrollo agroindustrial. La idea es producir sin desplazar derechos de comunidades campesinas o étnicas, siendo coherente con la función social y ambiental de la propiedad.

VII.VÍCTIMAS: LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y EL DESARROLLO RURAL COMO MEDIDA REPARADORA Y TRANSFORMADORA  PARA LAS VÍCTIMAS DE DESPOJO  Y/O ABANDONO FORZADO DE TIERRAS.

Reconociendo la evolución positiva de la política pública en materia de reparación integral para  las víctimas del conflicto armado. De su instrumentación legal e institucional, y particularmente en lo relacionado con restitución de tierras  y territorios, cabe pensar acerca de la fase post-restitución,  con visión transformadora que la ley  1448 (de Víctimas y de Restitución se Tierras) estableció.

Para lograr que  las víctimas puedan realizar un goce efectivo  de sus derechos y en ese marco reparativo, se proponen acciones  a ser desarrolladas por las entidades territoriales e instituciones del orden nacional, a través  del diseño de programas y medidas determinadas para el restablecimiento económico, en clave de desarrollo rural,  de las víctimas del despojo o del abandono forzoso, unidas a las estrategias de retorno.

Un diagnóstico y plan de acción de las necesidades y expectativas de las víctimas (que se debe desarrollar de manera participativa), para definir las actividades a emprender desde sus conocimientos y experiencias, con el fin, de diseñar e implementar desde la región planes de capacitación y formación para el trabajo dirigidos al desarrollo de actividades productivas, tanto para las víctimas como para sus familias.

El asesoramiento técnico y de gestión de tipo integral, como eje transversal de las medidas de restablecimiento económico, que sirva de orientación y apoyo a las víctimas, en la puesta en marcha y seguimiento de los proyectos productivos.

La creación de un fondo de  reactivación económica no reembolsable para poder apoyar el establecimiento de las diferentes actividades productivas para la población víctima que retorne o se reubique.

El financiamiento a proyectos Agroindustriales e Industriales, a través de la banca pública.

El seguimiento a las medidas de restablecimiento económico en cada una de las regiones, que debe estar integrado por el Ministerio de Agricultura, la Universidad, Organismos Internacionales y Organizaciones de tipo civil y en el marco de las Corporaciones Regionales de Desarrollo Rural y sus Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, donde estén representadas las organizaciones de víctimas (a través de la Mesas Regionales de Víctimas establecidas por la ley 1448).

Impulsar la Integración Multidimensional  Público-Privada a nivel  regional en el marco de proyectos de Inversión social o responsabilidad social empresarial.

 

Indicadores Económicos

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